Juan Fernando López Aguilar: “Cuando los ciudadanos votan tienen que saber que influyen en la gobernanza de la UE”

“Tras consumarse el Brexit, España será el tercer gran país de la Unión Europea en PIB y población tras una Italia a la que ya no se la espera”, asegura el ex ministro de Justicia.

Eurodiputado desde hace una década, Juan Fernando López Aguilar (Las Palmas de Gran Canaria, 1961) defiende el sistema del “spitzenkandidat” para elegir al presidente de la Comisión Europea. El ex ministro de Justicia en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero alerta en esta entrevista a LA RAZÓN durante el primer pleno de la Eurocámara del peligro de la extrema derecha y cree que “es un error pensar que se puede domeñar pactando con ella”.

-¿El Consejo arrebata su autonomía al Parlamento Europeo al incluir su presidencia en el paquete de “top jobs” de la UE?

-Hay un clamor de que Europa sea relevante, que tenga una voz ante el desorden global y que fije sus prioridades según los volaros y objetivos proclamados en el Tratado de Lisboa. Sin embargo, el “sudoku” es más complicado que nunca. Acaban de hablar las urnas y han delineado un Parlamento en el que los dos grandes grupos que históricamente habían asegurado la mayoría absoluta ya no son suficientes, sino que tienen que ensancharse para incluir a los liberales, que son el tercer grupo, y a Los Verdes, que son el cuarto. La buena noticia es que la participación por primera vez ha rebotado hacia arriba y eso exige respetar al electorado que apostó por el “spitzenkandidat”. Y esa fue la posición socialista que lideró Pedro Sánchez. Intentar que cuadren todas las piezas desde un punto de visto geográfico, ideológico e incorporando, que ya era hora, la variable de género, lo ha hecho más complicado que nunca. Pero eso no quiere decir que el Parlamento Europeo deba asumir sin más la lógica del Consejo. Intenta mantener su autonomía, que requiere que el mensaje sea coherente con la correlación de fuerzas de la Eurocámara.

-¿La Gran Coalición ya no es suficiente en el PE, pero suma una alternativa de izquierdas?

-Los socialistas nunca hemos aceptado el término “gran coalición” para la política europea. Una cosas es una gran coalición que asegura una mayoría estable para sustentar una acción de gobierno como sucede en Alemania y otra cosa es comprender que todo en Europa hay que negociarlo a varias bandas. El compromiso nunca es definitivo, lo que exige considerar mayorías de geometrías variables. En ocasiones, garantizadas por el primer grupo de la Cámara desde hace 25 años, que es el PPE, y los socialistas, que mantienen la segunda posición. Pero en otras ocasiones mirando también a la izquierda del grupo socialista con verdes e Izquierda Unitaria Europea. Pero los cuatro grandes grupos garantizan una mayoría europeísta.

-¿El aislamiento del PPE puede hacerles caer en la tentación de mirar a partidos como el de Salvini?

-No es verdad que se quiera aislar al Partido Popular. Lo que no se quiere es que quiera seguir gobernando todas las instituciones como ahora sin tener mayoría absoluta. Cuando los ciudadanos votan tienen que saber que influyen y determinan la gobernanza de la Unión. Por eso, apoyamos que quien vista la camiseta de presidente de la Comisión debe ser alguien que ha dado la cara ante el electorado

-¿Se corresponde el peso de España con sus representación en las instituciones europeas?

-España no puede seguir boxeando por debajo de su peso. Tras consumarse el Brexit, será el tercer gran país de la Unión Europea en PIB y población tras una Italia a la que ya no se la espera porque ha caído definitivamente en el lado oscuro de las fuerzas antieuropeas. Por la retórica ofensivamente antieuropea de su actual Gobierno y en particular a su hombre fuerte, Salvini, que actúa como principal muñidor de todas las causas antieuropeas. Por todo ello, España, por fin, está boxeando en su peso con el liderazgo de Pedro Sánchez, su vocación decididamente europeísta y por el hecho de contar con un primer ministro español capaz de interlocutar de manera directa y sin intérpretes con el resto de primeros ministros. Y también porque el PP está más dividido que nunca, ya que Timmermans se ha distinguido por su acción decidida contra la corrupción y ha sido un campeón en los procedimientos de infracción contra las violaciones del Estado de derecho. Y esos gobiernos de Polonia o Hungría no se lo han perdonado. Y todo eso ha erosionado a Merkel. No solo es un “pato cojo”, sino que no se le aceptó que presentara a Timmermans frente a los demás miembros del PPE.

-¿No hay que buscar instrumentos más eficientes contra las infracciones del Estado de derecho?

Tanto en la Comisión de Libertades como en el Pleno de la Eurocámara ha sido un debate permanente el retroceso de los valores europeos que ha tenido efectos pavorosos no solo en los nuevos Estados miembros, como es el caso de Italia, país fundador de la UE. Pero lo importante es que haya voluntad y autoridades de las instituciones para hacer cumplir los tratados. Es cierto que el artículo 7 es una de esas cláusulas diseñadas bajo el deseo de no tener que ser aplicadas nunca, pero, desafortunadamente, como ocurrió en España con el 155, llegó el momento de aplicar una artículo que implica varias fases procedimentales, pero se ha aplicado con el mandato del Parlamento Europeo, que exige nada menos que una mayoría de dos tercios en la que ha estado todo el Partido Socialista y solo una parte del Grupo Popular. Hemos aprobado la aplicación del artículo 7 contra Hungría primero y contra Polonia después. Pero en su última expresión, las sanciones que se pueden imponer exigen mayorías de cuatro quintos del Consejo en una primera fase y la unanimidad excluyendo el país afectado en la última. Para cubrir ese vacío que las dificultades procedimentales imponen, en mi etapa como presidente de la Comisión de Libertades, articulamos un mecanismo del Estado de derecho que ahora se está extendiendo a la democracia y las libertades fundamentales, que prevé tres fases. Primero, la comunicación de la Comisión al Estado sospechoso de violar principios constitucionales como la libertad de expresión, el pluralismo informativo o la independencia de la Justicia. Segundo, un diálogo estructurado y, en tercer lugar, un proceso de infracción que puede derivar en multas o incluso en la retirada de fondos europeos. De todo esto Timmermans ha sido actor principal y lo ha hecho con coraje. La UE no puede permanecer pasiva ante los retrocesos antidemocráticos que están teniendo lugar por un potaje de populismo escorado a la extrema derecha y nacionalismo rabioso que se ha hecho especialmente intenso en Polonia y Hungría y contamina al Grupo de Visegrado.

-¿Cree que en España están en peligro los derechos de la comunidad LGTBI o de las mujeres tras la llegada de Vox?

-Es alarmante que emerjan fuerzas que de manera grosera y ofensiva amenazan consensos que habían sido trabados trabajosamente en el curso de muchos años con la intención de dinamitarlos, pero no para producir ningún avance, sino para retroceder distópicamente a un pasado que sin ninguna duda fue peor. Por tanto, tenemos que estar muy alertas y combativos para asegurarnos de que los pasos que da Europa son pasos hacia delante, lo que exige la misma actitud de los Estados miembros ante la amenaza de la extrema derecha. Como socialista, contemplo seriamente a la extrema derecha, nunca la he tomado ni medio en broma. No es inocua. No lo ha sido en la historia del siglo XX, no lo es en el XXI. Es cierto que muta, que no se presenta con la misma parafernalia que lo hizo en los años treinta, pero su amenaza es de la misma entidad. Es un error que se piense que se puede domeñar a la extrema derecha pactando con ella o que se puede frenar abrazando sus banderas.

-¿A qué responde que por primera vez haya subido la participación en unas elecciones europeas?

-Soy parlamentario europeo desde hace una década. El PE no tiene ningún déficit de legitimación democrática porque es legislador que determina la actividad legislativa de los Parlamentos nacionales. Solo hay que ver la legislatura corta de España entre 2016 y 2019. Durante la misma, solo se ha aprobado una ley que no fuera la transposición de una norma europea: el Estatuto de Autonomía de Canarias.