Zoido: «En seis años el Gobierno de Rajoy no tiene ningún caso de corrupción»

En una semana marcada por la moción de censura del PSOE tras la sentencia de Gürtel, defiende de forma tajante la honestidad del Gobierno del que forma parte: «En seis años no tiene ningún caso de corrupción».

¿Qué le parece que la sentencia del «caso Gürtel» dé por acreditada la existencia de una caja B en el PP?

Como siempre, respeto lo que determinen los tribunales. El Gobierno acata y respeta la sentencia, pero, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que no es firme. Hay un voto particular y el PP ya ha anunciado que la recurrirá.

¿Acorrala a Rajoy por poner en duda su credibilidad?

La credibilidad del presidente del Gobierno está intacta. Nadie puede acreditar ninguna irregularidad de Rajoy. Ni el presidente ni ningún miembro de su Gobierno han sido condenados por esta sentencia.

Entonces, ¿el Gobierno está tranquilo?

Por un lado, el fallo demuestra, una vez más, no solo la separación de poderes, sino la fortaleza de nuestro Estado de Derecho. Y, por otro, esa tranquilidad se basa en que el Gobierno, no lo olvidemos, no ha sido condenado. En la sentencia no hay responsabilidad penal alguna. Y en seis años, el Gobierno de Rajoy no tiene ningún caso de corrupción.

¿La moción de censura debería ser a Aznar?

La moción es un auténtico despropósito porque daña la estabilidad de España, perjudica la recuperación económica y es nociva para el futuro de los españoles. Esa moción no tiene más objetivo que el señor Sánchez sea presidente a costa de lo que sea y con quien sea. Frente a la credibilidad, confianza y estabilidad generada por este Gobierno, Sánchez presenta una moción para su único interés sin pensar en la prosperidad de los españoles. Es evidente que la moción de censura es contra el interés de los españoles.

¿Teme que realmente pueda salir adelante con el voto independentista?

Esa moción no es lo que necesita un país que lidera la creación de empleo en la zona euro, que va a conseguir 20 millones de empleos en 2020 y que ha conseguido una estabilidad económica que nadie imaginaba cuando Rajoy llegó al Gobierno. Y me sorprende que la presente el PSOE, un partido que está siendo investigado por presunta financiación irregular en la Comunidad Valenciana y que también tiene abierto en Andalucía un juicio por el mayor caso de corrupción de la historia de España, por un montante cercano a los 1.000 millones de euros. El PSOE tiene sentado en el banquillo de la corrupción a dos ex presidentes del PSOE, que han sido también presidentes de la Junta de Andalucía y ministros con los Gobiernos de Felipe González y Zapatero.

¿Qué consecuencias puede tener en el tema catalán la precaria situación en la que queda el Gobierno de Rajoy?

El Gobierno hará que la ley y la Constitución se cumplan porque son la base de nuestra convivencia; que la unidad de España se respete porque es la base de nuestra nación, y que nadie actúe contra el principio de igualdad de los españoles porque es la base de nuestra democracia.

¿El pasado de Torra le inhabilita como presidente de todos los catalanes?

Son los independentistas quienes tendrán que explicar dentro y fuera de España por qué han escogido como presidente a un xenófobo declarado. La elección de Torra es la consecuencia de la vigilancia y la presión del Gobierno, que obligó a descartar otras candidaturas como la del propio Puigdemont, Jordi Sanchez o Turull, en abierto fraude de ley.

¿Cree que finalmente habrá nuevo Gobierno de la Generalitat?

Está en manos de Torra que un nuevo Gobierno tome posesión con todas las garantías y él sabe lo que hay que hacer para poner fin al artículo 155 de la Constitución, fruto de un acuerdo en el que se dijo que dejaría de aplicarse cuando en Cataluña hubiera Gobierno y tomara posesión. Si el presidente de la Generalitat quiere volver a la normalidad de las instituciones sabe que hay que cumplir con el acuerdo del Senado. Porque Cataluña tiene que recuperar la normalidad institucional, económica y social, y por ello necesita un Gobierno que no divida, que sea el Gobierno de todos.

Rivera dice que el Gobierno no controla a los Mossos.

El Gobierno no está para «controlar» a los Mossos d´Esquadra, sino para garantizar su acatamiento y sometimiento a los principios del Estado de Derecho, que es lo que se ha fiscalizado a través del artículo 155 y de los órganos judiciales y fiscales que han supervisado su labor. La única instrucción que le di al comisario Ferrán López con motivo de su nombramiento fue, precisamente, ésa: la Ley, como única ratio a aplicar al trabajo del Cuerpo autonómico. Y la lealtad y profesionalidad institucional han estado a la altura de lo esperado.

¿No hay ámbitos internos bajo control independentista?

En un Cuerpo de Seguridad no hay, ni debe haber, ámbito alguno que se someta al control político. Por eso se aplicó el artículo 155, protegiendo así a los profesionales de los Mossos d´Esquadra frente a tentaciones en ese sentido. La legalidad, cooperación y coordinación han presidido las actuaciones corporativas de los Mossos d´Esquadra en estos meses. Y cuando se han detectado comportamientos individuales alejados de esos principios de actuación, se han corregido disciplinariamente.

¿Le preocupa qué pueda hacer el nuevo Gobierno catalán con los Mossos?

España es un Estado de Derecho y todas las actuaciones tendrán que estar dentro de la ley. No hay otro camino. El Estado reaccionará con los medios legales de que dispone para que así sea, no tengan ninguna duda.

¿Por qué fueron tan medidos en la reacción contra los sabotajes a los CDR?

Frente a los violentos hay «Tolerancia Cero». Precisamente por ello se ha detenido a varios miembros de esos CDR, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial, y se siguen cuantas actuaciones de investigación, ordenadas por Fiscalía y jueces, son necesarias para que quienes alteran y rompen la convivencia no lo hagan desde la impunidad.

Ciudadanos también acusa a su Ejecutivo de haber dejado desprotegidos a los guardias civiles y a los hijos de los guardias civiles acosados por el independentismo radical.

El Ministerio del Interior ha estado pendiente, como no puede ser de otra manera, en todo momento de los guardias civiles y policías que se han visto acosados por el independentismo. Además, en la Secretaría de Estado de Seguridad, con el constante apoyo de la Abogacía General del Estado, se creó una oficina para hacer un seguimiento de los casos de acosos y delitos de odio de los que han sido víctimas los agentes. Ese seguimiento y ofrecimiento de acciones legales a los agentes acosados se hizo, además, de la mano de los sindicatos de Policía Nacional y Asociaciones de la Guardia Civil, que han estado trasladando, en nombre de sus afiliados, informaciones detalladas para proteger los intereses de estos profesionales de la seguridad. Por tanto, ha habido respuesta del Estado, protección jurídica, denuncia cuando ha sido necesario y firmeza frente a quienes tratan de hostigar a policías nacionales y guardias civiles.

Si se mantiene el 155, ¿ve necesario endurecerlo en relación al control de los Mossos?

Los Mossos d´Esquadra han demostrado durante esta etapa su profesionalidad. No es justo que comportamientos individuales se eleven a categoría para descalificar a todo un Cuerpo Policial de cerca de 17.000 efectivos.

El artículo 155 busca, como he dicho, proteger a los Mossos frente a tentaciones de control político. Por tanto, el acento se pone en los órganos institucionales de dirección y control del Cuerpo y no en sus profesionales. Si el Estado detecta nuevamente que existe un riesgo en esos mismos términos, actuará como lo ha hecho hasta ahora, velando por el sometimiento del trabajo de los Mossos a los principios de legalidad y, sobre todo, al criterio más importante, el del servicio público.

¿Le preocupa que la Justicia alemana no acepte la extradición de Puigdemont por rebelión?

La decisión del tribunal alemán no es definitiva y me quedo con la buena noticia que supone que la Fiscalía alemana haya vuelto a solicitar la extradición de Puigdemont por rebelión, tal como lo hacía el Supremo. Tenemos que esperar, y respetar los tiempos de la Justicia alemana, al igual que las decisiones de los tribunales.

¿Cómo explica que al menos hasta ahora parezca que a Puigdemont y a los ex consejeros fugados les está yendo bien su estrategia de escapar de la acción de la Justicia española?

No estoy de acuerdo con esa interpretación. Esas personas están huidas de la Justicia española por vulnerar la Constitución y por su comportamiento antidemocrático. Además, son las causantes de la fractura social que se vive en estos momentos en Cataluña y de la fuga de centenares de empresas. Creo que ninguno de estos hechos es positivo. No nos debemos quedar con las apariencias sino con las consecuencias de sus comportamientos atacando los fundamentos de nuestro Estado de Derecho.

¿Le parece razonable la propuesta del PSOE de modificar el delito de rebelión?

El delito de rebelión como está recogido en el ordenamiento jurídico español encaja perfectamente en el comportamiento de Puigdemont. No obstante, todos los asuntos pueden ser objeto de estudio.

¿Usted está satisfecho con la colaboración de Rivera en los temas de Estado que le afectan?

Con el señor Rivera tenemos un acuerdo de legislatura que, en líneas sustanciales, se está cumpliendo. Lo que no me gusta son algunos de sus excesos verbales.

¿Hay algún cambio en la actitud de los presos etarras después de la disolución de la organización terrorista?

Los demócratas sabemos que no hay que premiar a ETA por su desaparición. La aplicación de la ley nos ha conducido a la derrota de ETA y la ley, y solo la ley, es el correcto camino. No va haber impunidad: los crímenes se seguirán investigando, los terroristas con causas pendientes seguirán siendo detenidos, los delitos se seguirán juzgando y las condenas se seguirán cumpliendo.

¿La política de dispersión sigue teniendo sentido cuando ETA ya no existe?

Nada les daremos por reconocer su maldad. La política penitenciaria en España es la propia de un Estado de Derecho y no va haber renuncia alguna al cumplimiento de la ley.

¿Le queda algo por hacer a la democracia española hacia las víctimas del terrorismo?

Éste es momento de las víctimas del terrorismo, del relato. Ahora el trabajo que tenemos que realizar entre todos es el de escribir el verdadero relato de lo ocurrido, el del garantizar y respetar la memoria, verdad, dignidad y justicia de las víctimas de ETA. Podrán desaparecer sus siglas, pero en ningún caso se podrá borrar el inmenso dolor provocado a las víctimas ni, por supuesto, elimina la responsabilidad penal por los asesinatos.

¿Por qué la Policía nunca ha sido capaz de detener a Josu Ternera?

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no le quepa duda, van a seguir trabajando, ahora también, para poner a disposición de la justicia a todos aquellos que tengan cuentas pendientes con ella. Y que ETA haya tenido que recuperar a Josu Ternera es un muestra más de la descomposición operativa y de las condiciones tan precarias en las que la presión policial ha situado a ETA y causa, en definitiva, de que haya asumido su derrota y proclamado su final. Como Josu Ternera, ETA no tiene futuro, pero sí cuenta con un pasado sangriento que nunca olvidaremos.

¿Por qué se ha llegado a la situación de descontrol con los narcos que hay en la bahía de Algeciras?

En el Campo de Gibraltar no hay ni habrá impunidad. Tampoco hay descontrol ni es territorio comanche. En el primer trimestre del año, las infracciones penales en Algeciras han disminuido un 3,6% respecto al mismo período del año pasado y los sucesos relacionados con delitos graves y riñas tumultuarias han descendido casi un 6% en Algeciras. Eso no quiere decir que el Gobierno no esté preocupado y ocupado en garantizar la seguridad en el Campo de Gibraltar. De hecho, estamos trabajando con ahínco y con los mejores profesionales para seguir persiguiendo a quien trafique con droga, a quien colabore con quien lo haga y a quien dificulte la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En la lucha contra el narcotráfico estamos logrando magníficos resultados. En lo que llevamos de año se han incautado en el Campo de Gibraltar 104.273 kilogramos de hachís, lo que supone el 57 por ciento de los 183.957 kilogramos intervenidos a nivel nacional. Respecto a la cocaína, en el Campo de Gibraltar se han aprehendido, también en lo que llevamos de año, 12.814 kilogramos, lo que representa el 69 por ciento de los 18.635 kilogramos incautados en toda España.

¿Teme a los narcotraficantes?

No temo a los narcotraficantes, me dan asco. Les hemos declarado la guerra con las armas del Estado de Derecho. Les venceremos poniéndoles a todos a disposición judicial. Con un centenar de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, el Ministerio del Interior ha incrementado recientemente el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicados a la lucha contra el tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar. Pero éste no es el único refuerzo. También se ha potenciado el número de agentes que desde el campo de la Inteligencia combaten las actividades de narcotráfico y se ha reforzado el área de la colaboración, especialmente con Marruecos.

¿En qué consiste la reforma legal que van a hacer contra las embarcaciones de los narcotraficantes?

El Gobierno tiene el firme propósito de plantar cara a los narcotraficantes y para ello se estudian todas las medidas tanto operativas como legislativas que sean necesarias para ponerles las cosas más difíciles. Una de ellas es revisar el régimen jurídico de este tipo de embarcaciones. Es una iniciativa que está coordinando el Ministerio de Hacienda y en la que estamos colaborando de forma activa. Se encuentra muy avanzada, pero no finalizada, por lo que comprenderá que tampoco puedo adelantar demasiado. Lo que sí que puedo decirle es que el uso ilegítimo de este tipo de embarcaciones pasará a estar penalizado por la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, mediante su calificación como género prohibido. Para ello se establecerán una serie de parámetros y excepciones, como es lógico, en atención a su titularidad o a su afectación a determinados usos que se consideran legítimos.

¿Van a reforzar la seguridad al chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero?

Sobre los asuntos de seguridad se debe mantener la máxima reserva. Y así lo haré.

¿Le parece razonable que se haya generado esta polémica?

Es lógico que las incongruencias siempre sean objeto de polémica.