Juanes reclama más competencias para la Audiencia y que se clarifiquen los delitos de corrupción

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, abogó ayer, frente a las voces que abogan por la supresión de este órgano jurisdiccional si desparece defintivamente el terrorismo, por potenciar sus competencias en los supuestos más graves de corrupción y económicos, crimen organizado o aquellos supuestos que requieran respuestas «especializadas». (Para defender esta última tesis, aludió a las causas abiertas tras la huelga de controladores aéreos en 2010. «¿Se sabe algo de las causas abiertas a los mismos?» «No hubiera sido más práctico, y por ende más eficaz qeu desde el principio un sólo juez espedcializado hubiera instruido la causa?», se pregúntó al efecto)

Esas manifestaciones las realizó en el transcurso de la toma de posesión de Eduardo Ortega como nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, quien destacó en su discurso la importancia de la Sala que preside desde ayer en lo que afecta a la lucha contra la corrupción, con el control a la labor de las instituciones públicas.

En relación con la corrupción, Juanes reivindicó la clarificación de los acciones relacionadas con ella que pueden calificarse como delictivas: «No todo lo que se presenta como delito de corrupción son tales y ello puede dar lugar a la confusión. Resulta necesario determinar desde el punto de vista penal qué se entiende por corrupción", afirmó al respecto. Por este motivo, se mostró partidario de que el Código Penal incluya un título dedicado específicamente a los delitos de corrupción, «pues de hacerse así se disiparían muchas dudas».

Junto a ello, destacó que la corrupción incide negativamente en la economía, aleja las inversiones, produce la desmoralización en la sociedad «y mina el prestigio de las instituciones, propiciando el caldo de movimientos populistas y extremos».

Por otro lado, aludió a la situación de crisis por la que atraviesa España y al papel que deben desempeñar jueces «Responderemos a este reto y dentro de las más absoluta legalidad, estaremos a la altura de las circunstancias que en tantas ocasiones ha dado muestras de madurez y las seguirá dando...ha llegado el momento de los jueces y fiscales. Con nuestros actos los ciudadanos sabrán que al ponernos la toga nos convertimos en los garantes de sus derechos: a la vida, a una vivienda digna, a la libertad y a la proscripción de los abusos de todo tipo». Y terminó con un mensaje de esperanza a la sociedad: «Yo creo en este país, en la marca España y creo en sus jueces, con sus errores y defectos, pero que en este momento tiene un compromiso serio con la defensa de los derechos de los ciudadanos a los que sirve».