Junqueras aún confía en que Sánchez "haga algo"

Las defensas buscarán socavar la credibilidad de la justicia española con un ojo puesto en Estrasburgo.

A escasas horas de sentarse en el banquillo para enfrentar una acusación por rebelión y malversación por la que la Fiscalía pide para él una condena de 25 años de prisión, Oriol Junqueras aún confía en un gesto de Pedro Sánchez que alivie su complicada situación procesal. Así lo aseguran en el entorno del ex presidente Carles Puigdemont, donde sorprende que el líder de ERC mantenga a estas alturas su fe en una solución política. «Tiene una visión absolutamente desquiciada de lo que va a suceder», añaden esas mismas fuentes, que no entienden que el vicepresidente de la Generalitat todavía confíe en que el tribunal «va a ser generoso», una convicción, subrayan, «sustentada en un desconocimiento absoluto de lo que está pasando». «Sigue pensando que se puede ser el negro bueno de la plantación y parecer blanco», añaden con un cierto sarcasmo.

Y respecto a los reproches éticos del líder de ERC a Puigdemont por su huida, recuerdan con ironía que «después de proclamarse la Declaración Unilateral de Independencia, el único que no acudió al primer Consejo de la República fue Junqueras». Con Puigdemont ausente, las defensas deberán emplearse fondo a partir del martes para rebatir las graves acusaciones que pesan sobre los doce acusados. Porque donde las acusaciones ven un delito de rebelión o sedición con desprecio de la legalidad, las defensas de los líderes independentistas solo reconocen el cumplimiento pacífico y democrático de un mandato electoral de convocar el referéndum independentista.

Las posiciones procesales de unos y otros están, pues, en las antípodas. De ahí que tras la sucesión de denuncias sobre derechos fundamentales supuestamente conculcados, rechazadas una y otra vez tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo, el juicio del «procés» suponga también para las defensas el escenario ideal para amplificar sus protestas e intentar poner contra las cuerdas al sistema judicial español. Porque entre los letrados que defenderán a los cabecillas independentistas existe la firme convicción de que no será en el Tribunal Supremo donde se dirima la última batalla legal del soberanismo. Estrasburgo asoma, desde hace meses, en todas sus estrategias como «Eldorado» comunitario que les resarcirá del varapalo que presumen se llevarán en el Alto Tribunal.

Ese propósito de internacionalizar el juicio (observadores internacionales incluidos) está reflejado incluso en los escritos de defensa presentados ante el tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena. «Este proceso, en realidad, de lo que trata es de poner en tela de juicio a la democracia española», admite el abogado del ex presidente de la ANC Jordi Sánchez, Jordi Pina, con el objetivo de airear ante el mundo «la regresión en materia de derechos y libertades» que, se quejan, ha llevado a los acusados al banquillo y a nueve de ellos a permanecer en prisión.

Para los letrados de los procesados, los hechos que se van a enjuiciar son de naturaleza política y no deberían solventarse judicialmente. «Poner urnas no es ni puede ser considerado jamás un delito», han insistido hasta la saciedad. Y en ese tira y afloja por ceñir la vista a los contornos del objeto procesal (las supuestas ilegalidades cometidas para conseguir la independencia), y no a la dimensión política extramuros de la causa, se emplearán a fondo la Fiscalía y el resto de las acusaciones, aunque la última palabra sobre la mayor o menor condescendencia con las argumentaciones políticas corresponderá, como no puede ser de otra forma, al tribunal.

Aunque no hay duda de que las defensas comparten el mismo objetivo, la absolución de sus clientes, las estrategias procesales de cada uno son dispares, como se ha demostrado sin ir más lejos en la petición de comparecencias de testigos (Junqueras no ha secundado la solicitud de comparecencia del Rey y de Mariano Rajoy, como sí hicieron Sánchez, Rull y Turull), y esas discrepancias sin duda se acrecentarán cuando en la vista oral toque repartir responsabilidades. En este caso, no hay un muerto al que poder echar la culpa de todo, pero sí un ausente, Carles Puigdemont, al que le ha tenido que incomodar la lección de ética de Junqueras reprochándole su huida. Ya en su escrito de defensa, Andreu Van den Eynde, abogado del ex vicepresidente de la Generalitat, responsabilizaba a Puigdemont de la convocatoria unilateral del referéndum del 1-O, que «tal y como se acabó haciendo no formaba parte del programa trazado desde el Govern después de las elecciones de 2015».

Erigiéndose la existencia o no de violencia como la piedra angular del juicio, lo cierto es que los escritos de las defensas están impregnados de un cierto «gandhismo» que se esfuerza por presentar a sus clientes como apóstoles de la no violencia herederos de la inocua desobediencia civil abanderada por el histórico líder pacifista. «Los acusados han mantenido siempre un firme compromiso con la no violencia», recalca el abogado de Junqueras, que insiste en su escrito en que «nunca fue previsto ni aceptado» que la «evolución» de su activida política «diera lugar a escenarios de utilización de la violencia». Para el letrado «no existe un movimiento político tan mayoritario en nuestro entorno geográfico más próximo que haya demostrado mayor contención y civismo en su expresión pública, ofrecimientos al diálogo y pacifismo que el movimiento independentista catalán». En el 1-O solo se dio, dice, «alguna actuación de resistencia activa, anecdótica» por parte de algún ciudadano ante el «escándalo internacional» que supuso la actuación policial.