Junqueras y Puigdemont serán inhabilitados y no podrán ser candidatos si hay nuevas elecciones

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena tiene intención de cerrar el sumario abierto por la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena tiene intención de cerrar el sumario abierto por la declaración unilateral de independencia de Cataluña y el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre en pocos meses y dejarlo sólo pendiente de que la Sala de Apelaciones resuelva los recursos que se presentarán contra los que resulten procesados y se fije la celebración del correspondiente juicio oral. De hecho, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, ha citado de forma inmediata a los seis últimos a los que imputó: la secretaria general de ERC y número 2 de la lista que encabezaba Junqueras, Marta Rovira, el 19 de febrero; la ex presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya y la que fuera su portavoz en la Cámara Anna Gabriel, el 14 de febrero; su coordinadora general, Marta Pascal, el 19 de febrero; el ex presidente del PDeCAT y de la Generalitat Artur Mas, y la presidenta de la Asociación de Municipios par la Independencia, Neus Lloveras, el 20 de febrero.

Con estas declaraciones y la prevista para hoy del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, finalizarán las declaraciones. Sólo restaría que la Guardia Civil le remita las investigaciones sobre, entre otros extremos, sobre tres transferencias bancarias relacionadas con otras tantas cuentas corrientes abiertas por la Delegación de Catalunya ante la Unión Europea.

De esta forma, a finales de marzo o principios de abril podría dictar el auto de procesamiento contra todos aquellos respecto a los cuales haya encontrado indicios de responsabilidad en los hechos investigados. Entre ellos se encontrarán los cuatro que permanecen en prisión: Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Joaquim Forn y Jordi Cuixart. Esa resolución tendrá, además, un punto relevante y que tiene pocos precedentes: acordará la inhabilitación para cargo público de quienes se encuentren en prisión provisional y durante el tiempo que dure esta medida. Esta situación afectaría directamente a Oriol Junqueras (número 1 de ERC), Jordi Sánchez (número 2 del PDeCAT) y también a Carles Puigdemont, cabeza de lista de esta última formación, ya que sobre el mismo pesa una orden de detención e ingreso en prisión provisional. Joaquim Forn resultó elegido en las últimas elecciones, pero renunció al acta de diputado.

Esta situación, en todo sólo se produciría si el auto de procesamiento que dicte Pablo Llarena está confirmado posteriormente por los magistrados del Supremo que deberán resolver los recursos que se presenten. El magistrado prevé imputarles los delitos de malversación y rebelión y/o secesión. «Lo importante son los hechos que se relaten en el auto, por lo que se puede mantener rebelión y/o secesión», sin que ello cause indefensión alguna, según afirmaron a este periódico fuentes jurídicas. Esto, dado los trámites que conlleva, no es previsible que se pueda resolver hasta finales de abril en el mejor de los supuestos, momento que , si es confirmada la resolución del instructor, comenzaría a entrar en vigor la inhabilitación para Junqueras, Oriol, e indirectamente también para Puigdemont, aunque éste no pueda ser procesado en estos momentos dado que se encuentra huido.

Esto podría igualmente tener un efecto colateral más que relevante si se tuviesen que convocar nueva elecciones catalanas. Los nuevos comicios se tendrían que convocar en abril si antes no hay nuevo presidente de la Generalitat. En ese supuesto, ni Oriol Junqueras ni Jordi Sánchez podrían ser candidatos a presidir el Ejecutivo catalán. Igual suerte correrán Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros que se encuentren con él huidos de la Justicia.

«Una irresponsabilidad»

Por otro lado, el ex consejero de Empresa de la Generalitat de Cataluña Jordi Baiget, cesado por el ex presidente Carles Puigdemont en la reconfiguración del Govern de cara a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, ha afirmó ayer ante el magistrado Pablo Llarena que fue una «irresponsabilidad» impulsar una vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña.