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Justicia retoma la negociación con jueces y fiscales para frenar la huelga

Las siete asociaciones se reúnen de nuevo hoy con el Departamento que dirige Pilar Llop

Asociaciones de jueces y fiscales retoman la negociación con Justicia tras suspender la huelga convocada para el martes
Asociaciones de jueces y fiscales retoman la negociación con Justicia tras suspender la huelga convocada para el martesEuropa Press

Las siete asociaciones de jueces y fiscales tienen marcado en rojo el día de hoy en el calendario. Y es que después de muchos tiras y aflojas, retoman, a las 12:00 horas, la negociación con el Ministerio que dirige Pilar Llop después de que cinco de ellas suspendieran la huelga que empezaba hoy mismo con el objetivo de continuar con las conversaciones para intentar conseguir una mejora salarial. Porque la pasada semana ya rechazaron la oferta de 46,7 millones de euros (hasta unos 490 euros al mes), de Justicia.

«Dado el estado actual de la negociación con el Ejecutivo en la Mesa de Retribuciones, hemos entendido necesario no comenzar la huelga del día 16 –posponiéndola hasta el 22–, y ello a fin de poder seguir dialogando en aras a conseguir el mejor acuerdo posible que, de forma definitiva, nos permita desconvocar o no dicha huelga», precisaron en un comunicado conjunto las cinco asociaciones que convocaron el paro, informa Efe.

Las organizaciones convocantes tomaron esta decisión después de que el Ministerio de Justicia y el de Hacienda y Función Pública les solicitara retrasar el inicio de la huelga hasta el viernes para presentarles una nueva propuesta este martes. La oferta inicial, de unos 44 millones de euros, representaba solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%. Sin embargo, en una segunda reunión, el Ministerio elevó su propuesta original en dos millones de euros hasta alcanzar los 46,7 millones.

Según fuentes cercanas a la negociación, esta segunda oferta se traduciría en subidas salariales que van desde 350 euros para los trabajadores del Grupo 1 –como tenientes fiscales, fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, fiscales Antidroga y Anticorrupción y fiscales jefes de las Fiscalías Provinciales–, hasta 490 euros para el Grupo 2 –fiscales de segunda categoría– y 450 euros para el Grupo 3 –fiscales de tercera categoría–.

Cabe recordar que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) lograron –tras dos meses de huelga– que el Gobierno desembolsara 22,7 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los 4.000 funcionarios que integran este cuerpo. Ahora, mientras se llevan a cabo las negociaciones con jueces y fiscales, el resto de funcionarios de la Administración de Justicia (unos 45.000) mantienen una huelga con paros parciales y totales desde el pasado 17 de abril para pedir unos 200 millones e irán a una huelga total e indefinida a partir del 22 de mayo.

Al margen de la propuesta económica a jueces y fiscales, Justicia y Hacienda les ha ofrecido un papel relevante en la implementación de las tres leyes de eficiencia, que se encuentran en la fase final de su tramitación parlamentaria y que forman parte del plan de Justicia 2030, según informó el Ministerio tras la primera reunión.

En el comunicado conjunto que firmaron, las asociaciones convocantes de la huelga aseguraron que exigirían un «aumento significativo de plazas de jueces y fiscales por el sistema actual de acceso que palíe la sobrecarga y, consecuentemente, el retraso endémico» que padece la Justicia y la «afectación» a su salud laboral.

La negociación entre las asociaciones de jueces y fiscales y el Ministerio coincidirá esta semana con la concentración que los abogados del turno de oficio han convocado para el jueves, a las 13:00, ante la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol.

Reclaman una «remuneración digna y suficiente del servicio de asistencia jurídica gratuita», el pago de «todo el trabajo realizado»; que se actualicen los baremos conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) tras la alta inflación; que se reconozca la «dificultad» para el acceso a la justicia gratuita a personas y familias con rentas bajas y que se reduzca la «carga burocrática».