La Abogacía del Estado ve «una causa general» contra el embajador en Kabul

Niega fallos de seguridad en el atentado y juzga «insostenible» que se le investigue por homicidio imprudente. La Fiscalía tacha de «dejación» el archivo de la causa sobre el ataque terrorista

La Abogacía del Estado cree que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto «una causa general» contra el embajador de España en Kabul (Afganistán), Emilio Pérez de Ágreda, y el que fuera su segundo en la legación diplomática, Oriol Solá, al investigar a ambos por un delito de homicidio imprudente por el atentado talibán en el que murieron dos policías el 11 de diciembre del pasado año. En el recurso de apelación planteado ante la Sala de lo Penal del citado tribunal contra la decisión del magistrado de seguir adelante con la investigación de los posibles fallos de seguridad en la embajada, los Servicios Jurídicos del Estado –personados en el procedimiento en representación de los ministerios de Exteriores e Interior– aseguran que «las pretendidas carencias de seguridad» en la embajada denunciadas por las familias de los agentes fallecidos «no son tales».

En el escrito –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, la Abogacía del Estado califica de «sencillamente insostenible» que se pueda investigar a los dos funcionarios por homicidio imprudente, «renunciándose de plano a hacer cualquier investigación sobre el atentado». «Los graves daños, personales y materiales, del día 11 de diciembre de 2015 tienen un causante claro, que no es otro que el grupo terrorista que decidió atentar contra la embajada».

Las familias de los dos agentes fallecidos sostienen en su querella que el embajador «nunca» atendió las reiteradas quejas sobre las «deficiencias de las estructuras» ni en relación a «las rutas y horarios del personal», manteniendo un «mutismo absoluto» frente a Exteriores. Pero las supuestas carencias de seguridad relatadas en la denuncia «no pueden justificar la tramitación de un procedimiento penal cuando se pone de manifiesto con tal evidencia que los hechos son atípicos», se queja la Abogacía.

La reciente decisión del juez Pedraz de desglosar la denuncia contra el embajador y su segundo del procedimiento por terrorismo abierto tras el atentado –para, a continuación, archivar la investigación del atentado y continuar adelante únicamente con las pesquisas sobre los denunciados fallos de seguridad y la posible responsabilidad penal, por homicidio imprudente, de Pérez de Ágreda y Solá– ha soliviantado tanto a la Fiscalía como a la Abogacía.

En su recurso de apelación, la fiscal Dolores Delgado sostiene en relación al atentado que los hechos «exigen una mínima instrucción judicial». Pedraz acordó el sobreseimiento al constatar que los atacantes «fueron abatidos finalmente», pero el Ministerio Público cree que deben recabarse aún informes policiales y tomar declaración a los testigos. «El hecho de que sea difícil no implica dejación por parte del juzgado de hacer todo lo posible», le reprocha. La Abogacía del Estado, por su parte, considera «cuestionable» que la investigación esté agotada «sin entrar a valorar la posible participación como inductores o cooperadores de otras personas».

Para la Fiscalía, la investigación del atentado debe instruirse en un único procedimiento por terrorismo (incompatible con la imputación a los dos altos cargos de un delito de homicidio imprudente) para esclarecer «todas las circunstancias que concurrieron», entre ellas la posible responsabilidad subsidiaria de Exteriores e Interior si se constatan las carencias de seguridad, que «no tiene sentido» investigar «sin conectarlas» con la actuación de los terroristas. Lo contrario, se queja, «contribuiría posiblemente a la impunidad de todos y al desamparo de las víctimas».

La Abogacía se refiere a los hechos recogidos en la querella como una «falsedad», denuncia la «total mendacidad» de las imputaciones e insta al juez a ceñir «al atentado terrorista» el procedimiento, «en el cual habrá ocasión de justificar los extremos relativos a la seguridad» de la embajada, «sin que quepa abrir una causa general contra nuestros defendidos».

Las posturas

- Pedraz acordó el sobreseimiento del procedimiento por terrorismo abierto tras el atentado, del que desglosó la investigación contra el embajador y su segundo por homicidio imprudente.

- La Fiscalía apuesta por un solo procedimiento por terrorismo, descarta que tenga cabida el homicidio imprudente y quiere que se investiguen posibles fallos de seguridad.

- La abogacía rechaza las carencias de seguridad y denuncia una «causa general» contra el embajador.