La Sala que decidirá sobre la prisión del Govern rechaza la libertad de «los Jordis»

Desestima los argumentos de sus defensas con el voto en contra de un magistrado.

Los mismos magistrados que tendrán que decidir sobre la libertad de los ocho ex consejeros de Carles Puigdemont acordaron ayer mantener en prisión a los líderes soberanistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, «los Jordis», respaldando la decisión de la juez Carmen Lamela del pasado 16 de octubre. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal –instancia superior a la magistrada– celebró ayer una vista a puerta cerrada para valorar los recursos de apelación presentados por las defensas de los encarcelados. Y la Sala decidió –con el rechazo de uno de los cinco magistrados, José Ricardo de Prada, que emitirá un voto particular para plasmar sus discrepancias– rechazar los argumentos esgrimidos para lograr su puesta en libertad.

Las defensas de los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural sostienen que no existe riesgo de reiteración delictiva, que el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo puso sobre la mesa, junto a la gravedad de los delitos y las elevadas penas que acarrean (el delito de sedición está castigado hasta con 10 años de prisión cuando quien lo comete no es una autoridad), para sustentar su oposición a que salgan de prisión. Pero la Sala de lo Penal respalda los motivos que llevaron a Lamela a acordar la medida, al apreciar que ese riesgo persiste todavía. Y es que la Fiscalía advertía de que, incluso desde la cárcel, ambos líderes independentistas seguían «llamando a la movilización social para conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Cataluña». Una desconexión unilateral que efectivamente se produjo el pasado 27 de octubre con la declaración de independencia aprobada en el Parlament.

En su escrito, el fiscal también hacía referencia a los indicios existentes contra ambos, en especial a su «participación activa» en los altercados de los pasados 20 y 21 de septiembre durante los registros policiales en varias consejerías. Esa convocatoria, subrayó el fiscal, «no fue pacífica» pues se impidió «con violencia» el correcto funcionamiento de la Justicia. Para el Ministerio Público, Cuixart y Sánchez alentaron a la «masa hostil» para «evitar la cumplimentación correcta de las diligencias judiciales» y forzar «la liberación de los detenidos».

En su recurso, la defensa del presidente de la ANC, que ejerce el letrado Pau Molins, aseguraba que la convocatoria de esas concentraciones fue pacífica, lo que «es incompatible con la inducción de un delito de sedición» y subrayaba que hicieron «todo lo posible» para que se desarrollaran «sin impedir» el trabajo de la comitiva judicial, garantizando «la entrada y salida del edificio» de la consejería de Economía y protegiendo incluso los coches de la Guardia Civil. Algo que a la Fiscalía le parece «un sarcasmo» teniendo en cuenta que los daños de los vehículos suman más de 130.000 euros.