La Audiencia Nacional rechaza de nuevo poner en libertad a Granados

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha rechazado el recurso del exconsejero madrileño Francisco Granados, que pedía su puesta en libertad.

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha rechazado el recurso del exconsejero madrileño Francisco Granados, que pedía su puesta en libertad.

En el auto en el que rechaza el recurso de Granados, el juez explica que en este momento se está analizando “una ingente cantidad de documentación” intervenida en los últimos registros, que está “proyectando potentes indicios y datos objetivos de la recepción de dinero por este investigado para posible financiación del Partido Popular”.

Tras el levantamiento del secreto del caso Púnica, el juez mantiene secreta una única pieza en la que investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño y en la que forman parte como investigados (imputados) el exgerente del partido en Madrid Beltrán Gutiérrez Moliner y el empresario Javier López Madrid.

La Guardia Civil ya apuntó en un informe a la posibilidad de que Granados fuera el encargado del cobro de “comisiones de terceros para el partido” de Madrid para financiar campañas electorales, y que él y su jefe de gabinete Ignacio Palacios “se quedarían con una parte del dinero recaudado para el Partido”, haciendo “gala del refrán castellano ‘quien parte y reparte...’”.

Además de esa labor de recaudación, de la investigación a la trama Púnica se desprende, según este nuevo auto, “la realización de gran número de hechos delictivos con una significativa participación” de Granados, que “ha abusado del desempeño de sus sucesivos cargos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos” a favor de empresarios que le abonaban “importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones”.

En este sentido, se ha detectado “un uso indiscriminado” de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio y de la Fundación Arpegio, cuya presidencia “en un primer momento” le permitió “en un primer momento” controlar la venta de suelo público de la región.

“Posteriores maniobras defraudatorias (firma de varios convenios) le aseguraron presidir las mesas de contratación que proponían la adjudicación de los contratos financiados con los Fondos Prisma”, a cargo de los cuáles se gestionaron más de mil millones de euros entre 2006 y 2011.

Esto ha llevado al juez a estudiar “las adjudicaciones de suelo público a través de los consorcios urbanísticos, aflorando indiciariamente la obtención de elevadas ganancias ilícitas por la trama investigada”.

Por ello y para evitar que Granados intente destruir pruebas o interferir en testigos a los que se vaya a tomar declaración, Velasco vuelve a rechazar que abandone su situación de prisión preventiva en la que se encuentra desde octubre de 2014.

“La sensibilidad de la investigación” y la “necesidad de recibir declaración a testigos e identificar la red de relaciones y personas que se infiltraron en las adjudicaciones sin injerencias, hacen necesario el mantenimiento de la medida cautelar de prisión”, explica el juez.

Para apuntalar el riesgo de que pueda interferir en la investigación, recuerda además el uso que hizo Granados de su “red de influencias y favores”, que le permitió “obtener revelación de informaciones secretas por un agente de la Guardia Civil”, así como la colaboración de “funcionarios del Ayuntamiento y de la policía local para destruir expedientes” del Consistorio de Valdemoro.

Precisamente hoy, el juez ha interrogado como investigado (imputado) al guardia civil y exasesor de la Comunidad de Madrid José Luis Caro Vinagre, la persona con la que Francisco Granados habló del chivatazo de que estaba siendo investigado, soplo que le dio en una discoteca otro agente -José Manuel Rodríguez Talamino, también imputado-.

Caro Vinagre, al que Velasco, antes de citarle, cambió su situación procesal de testigo a imputado, se ha acogido a su derecho a no declarar, han informado fuentes jurídicas.