La Audiencia ratifica la libertad de la activista de los CDR

La Audiencia Nacional ha confirmado la libertad provisional con medidas cautelares para Tamara Carrasco, a la que el juez atribuye un delito de desórdenes públicos.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la libertad provisional con medidas cautelares acordada por el juez Diego de Egea respecto de Tamara Carrasco, a la que el juez atribuye un delito de desórdenes públicos por su relación con los actos llevados a cabo durante la pasada Semana Santa por los denominados Comités de Defensa de la República (CDR).

En su resolución, los magistrados de la sección segunda desestiman el recurso presentado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en el que pedía que se acordara la prisión provisional de la investigada o, subsidiariamente, la imposición de una fianza para eludirla insistiendo en atribuirle la comisión de delitos de terrorismo o rebelión.

La resolución reproduce los argumentos del juez instructor para dejar en libertad a la detenida como investigada por un delito de desórdenes públicos, así como los de la Fiscalía para ordenar su ingreso en prisión.

Los jueces explican que en este procedimiento se investigan las acciones realizadas entre el 26 de marzo y el 2 de abril que se describen en el atestado como cortes de carretera, manifestaciones (entre ellas rodear simbólicamente la estación de Sants en Barcelona) y el levantamiento de barreras durante unas horas en algunos peajes.

La Sala no entra a valorar «en este momento procesal» si los hechos pueden ser constitutivos de un delito de terrorismo, como sostiene la Fiscalía, pero asegura que los indicios existentes no revisten la gravedad necesaria para adoptar la medida de prisión. A juicio de los magistrados existen medidas alternativas (Carrasco debe comparecer semanalmente en el juzgado y no puede salir de su localidad, Viladecans, salvo para ir a trabajar y siempre con permiso judicial). Además. resaltan, la investigada «ha cumplido escrupulosamente las medidas y restricciones a su libertad de deambulación acordadas».

El tribunal recuerda asimismo que la activista de los CDR carece de antecedentes penales, tiene trabajo y domicilio conocido, familia en la zona de Barcelona y no consta que disponga de medios ni contactos internacionales idóneos para escapar de la acción de la administración de justicia, por lo que no advierte riesgo de fuga.