La cúpula fiscal prevé apoyar a Torres-Dulce en su querella contra Mas

Día clave para conocer si la Fiscalía interpondrá o no una querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, por los actos celebrados el pasado día 9 tras la consulta celebrada pese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

Día clave para conocer si la Fiscalía interpondrá o no una querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, por los actos celebrados el pasado día 9 tras la consulta celebrada pese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce se reúne con la cúpula de la Carrera, la Junta de Fiscales de Sala, para oír su criterio sobre si existen o no argumentos legales para iniciar esa acción penal, después de que el fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, no acatase el lunes la orden de interponer la querella por los delitos de desobediencia y prevaricación.

La decisión, en todo caso, quedará en manos del fiscal general, ya que conocer el criterio de la Junta de Fiscales no es más que dar cumplimiento a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y, en concreto , a lo dispuesto en su artículo 27. En ese precepto se prevé que cuando la orden del fiscal no sea atendida por un inferior–en este caso, el fiscal Superior de Cataluña–, resolverá «oyendo a la Junta de Fiscales de Sala». Ésto es, precisamente, lo que sucederá hoy. En cuanto al criterio que puede expresa esa Junta, fuentes consultadas por este periódico coincidieron en señalar que habrá una mayoría que respaldará al fiscal general para la presentación de la querella contra Mas por un delito de desobediencia. Sin embargo, no se espera que ese respaldo sea unánime de sus integrantes.

Este respaldo reforzaría a Torres-Dulce en la postura que ha mantenido desde el inicio en relación con los hechos sucedidos el 9-N en Cataluña, que no era otra que entender que existían razones para la interposición de la querella contra el presidente catalán.

En cualquier caso, todo parece indicar que Torres-Dulce, finalmente y con independencia de la opinión de la cúpula de la carrera fiscal, ordenará a la Fiscalía de Cataluña interponer la querella contra Artur Mas. Esto fue, precisamente, lo que ordenó a Romero de Tejada el pasado lunes y lo que se recogía en el primer borrador de querella que se remitió desde la Fiscalía General del Estado. De ocurrir lo anterior, como parece previsible, el fiscal Superior de Cataluña está obligado «por imperativo legal» a emprender la acción judicial contra Mas; y, en caso de no acatar nuevamente ese orden, no le quedará otra opción que renunciar al cargo.

La Junta está «controlada» por una amplia mayoría de miembros pertenecientes a la Unión Progresista de Fiscales, que cuenta con 14 de sus asociados en la misma, además de otros dos no asociados pero que tienen un claro perfil «progresista». En cambio, la mayoritaria Asociación de Fiscales sólo tiene tres representantes, aunque también hay dos de tendencia «conservadora», así como el propio fiscal general, que pertenece a esa asociación.

Pese a esa composición de la Junta –a la que el anterior fiscal general, Conde-Pumpido, dio la «vuelta» con el nombramiento de no pocos fiscales de Sala de nueva creación que fueron a parar mayoritariamente a la UPF–, no es previsible que «desautoricen» a Torres-Dulce, «tanto por una cuestión institucional, por la materia de que se trata, como por la situación difícil en que quedaría», ya que una opinión mayoritaria muy en contra, colocaría a Torres-Dulce en una situación nada fácil de afrontar. Y ello, porque, de esa forma, se vendría a respaldar a los fiscales de Cataluña, quienes se han negado desde un principio a emprender ningún tipo de acción judicial contra Artur Mas.

En relación con la postura de la Fiscalía de Cataluña se manifestó ayer el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, quien atribuyó el rechazo a presentar a las presiones del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la «contaminación del ambiente que el nacionalismo radical ha generado en Cataluña».