La deuda sería hoy bono basura

Que este Gobierno ha cometido errores de bulto en comunicación y en determinadas decisiones políticas no es discutible, como tampoco lo es que, contra todo pronóstico, ha sido capaz de evitar el desastre que habría representado la petición de rescate soberano, algo escasamente explicado a la ciudadanía. Aquellos que censuran que no ha sido capaz de resolver todos los problemas económicos de España (entre los más visibles, el aumento del desempleo o la escasez de crédito) y simplifican la acción de gobierno, a menudo pasan por alto que ha evitado que hoy los españoles se encuentren en una situación similar a la que viven griegos o portugueses, desprovistos de sus capacidades fiscales, legislativas y regulatorias.

Hace casi un año, el Gobierno hizo un voto solemne para romper el círculo vicioso entre la deuda bancaria y la deuda soberana y evitar un rescate por el que los problemas de España habrían adquirido unas proporciones, sin duda, dramáticas. Sirva a modo de ejemplo el apunte de que frente a todas las previsiones que hoy apuntan a una recuperación del crecimiento en 2014, de haber recurrido al rescate, en vez de la flexibilidad lograda en el ritmo de reducción del déficit, nos habríamos encontrado con un riesgo de tensión creciente con la Comisión Europea y el Gobierno alemán, perdiendo España capacidad de interlocución. Adicionalmente, la opinión pública habría rechazado las políticas de austeridad con mayor fuerza premiando opciones políticas antieuropeas, lo que a su vez habría favorecido un entorno político más inestable.

En los mercados financieros la reacción habría sido claramente negativa, con fuertes revisiones a la baja de previsiones tanto empresariales como de crecimiento macro, haciendo prácticamente inevitable una rebaja de calificación de deuda soberana hasta bono basura. Y dado que la banca ha venido aumentado la tenencia de deuda española, habría sido necesario revisar al alza las necesidades de recapitalización, y forzado la liquidación de alguna entidad, en esta ocasión aplicando un «bail-in» según el modelo seguido en Chipre, con posibles pérdidas a los depositantes.

Además, hemos evitado enfrentarnos a una revisión al alza de las expectativas de déficit fiscal, por su impacto sobre el riesgo soberano con una nueva escalada de la prima y de la rentabilidad del bono a 10 años hacia la zona del 7%, revisión a la baja de los beneficios empresariales, aumento de los riesgos de crédito, presión bajista adicional sobre el euro y caídas en los precios de las acciones, todo ello como consecuencia de un eventual anuncio de petición de ayuda.

En resumen, tras evitar el desastre, está la posibilidad de enfrentarnos a la necesidad de una recuperación del crédito y un repunte de la demanda interna mejorando el ingreso corriente. Y como la falta de inversión y de mejoras tecnológicas hace que sea imposible esperar que los ingresos futuros vayan a ser mayores que los actuales, lo que nuevamente desalienta el aumento de la demanda y evita la recuperación, se hace importante distanciarse ante los inversores del resto de países periféricos y lograr que esa inversión sea extranjera, haciendo uso de las capacidades fiscales, legislativas y regulatorias que el Gobierno conserva, para que vean España como un lugar en el que se puede invertir.