La fiscal acusa a Rato de 5 delitos fiscales y de intentar eludir la fianza de Bankia

La Fiscalía Anticorrupción asume la investigación abierta a Rodrigo Rato por fraude y blanqueo de capitales. Asimismo, el juzgado número 31 de Madrid se inhibe en favor de la Audiencia Nacional y podría ser el juez Fernando Andreu quien instruya la causa.

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, esgrime la "especial trascendencia social, mediática y jurídica de los hechos investigados"para atribuir la competencia del último procedimiento incoado a Rodrigo Rato a la Fiscalía Anticorrupción. Junto a ello, la Fiscalía considera que el ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía, según consta en la denuncia presentada el pasado jueves en los juzgados de Plaza de Castilla, habría podido incurrir en cinco delitos fiscales, además de otro de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Este último, estaría relacionado con las posibles maniobras para no hacer frente a la fianza de 133 millones de euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en relación con el «caso Bankia». En este sentido, hay que señalar que el juzgado número 35 de Madrid se inhibe en favor de la Audiencia Nacional, por lo que la causa finalmente podría ser instruida por Andreu, dada su «conexidad» con el «caso Bankia".

De hecho, la Fiscalía General argumenta también para atribuir la competencia a Anticorrupción, que ésta se ocupa actualmente del procedimien to que se tramita en la Audiencia Nacional en relación con posibles delitos derivados de la salida a bolsa de Bankia, en el que está imputado Rato y del que "pudiese derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente dicho imputado habría intentado eludir".

Junto a ellos, Madrigal argumenta en su decisión que la investigación de este último procedimiento penal en el que está inmerso Rato se prevé "de particular complejidad, a la vista de las estructuras societarias y jurídicas que conforman el grupo de sociedades"presuntamente controladas por Rato, lo que aconseja atribuir la competencia a Anticorrupción.