Alavedra pacta in extremis con la fiscal y admitirá el cobro de comisiones

El ex consejero catalán, que fue mano derecha de Jordi Pujol, pagará 10,3 millones de multa

El ex consejero de Economía de la Generalitat Macià Alavedra, que fue hombre de máxima confianza de Jordi Pujol, ha llegado in extremis a un acuerdo con la Fiscalía en el juicio a la «trama Pretoria» por corrupción urbanística y se ha comprometido a reconocer los hechos que se le imputan y a pagar una multa de 10,3 millones (está negociando los plazos) a cambio de que el Ministerio Público rebaje ostensiblemente los seis años y diez meses de prisión que solicita para él. Alavedra está acusado de ocultar seis millones de euros de comisiones entre 1997 y 2008, supuestamente provenientes del amaño de adjudicaciones utilizando la influencia que ejercía sobre determinados cargos públicos. Anticorrupción cifra en 3,2 millones el montante de sus ganancias ilícitas y le achaca un fraude de 2,6 millones en 1997, 1998, 2000 y 2006, aunque los delitos fiscales ya han prescrito.

En la primera jornada del juicio del «caso Pretoria», la fiscal Ana Cuenca también anunció un acuerdo de conformidad, que evitará a ambos su ingreso en prisión, con dos supuestos testaferros del ex consejero de Pujol, Gloria Torres y Philip Mc Mahan, acusados de blanquear parte de las comisiones de Alavedra y defendidos por la misma letrada, María Ponte. Ambos reconocieron ayer los hechos ante el tribunal, que preside la magistrada Concepción Espejel. Torres ha asumido una petición de condena de seis meses de prisión y una multa de 315.000 euros, en lugar de los dos años y medio y 630.000 euros iniciales. Mc Mahan también sale beneficiado, pues ahora será condenado a seis meses de cárcel y al pago de una multa de 2,6 millones (se sentó en el banquillo con una solicitud fiscal de tres años y medio de prisión y una multa de 4,2 millones), aunque si no hace frente a esa cantidad Anticorrupción reclama que se le imponga otro año de cárcel con carácter sustitutorio.

Según el escrito de acusación, Torres, con quien Alavedra mantenía «una fluida relación personal», ayudó al ex consejero a blanquear 1,2 millones de euros, entre 1998 y 2000, a través de tres cuentas a su nombre en Andorra. Por su parte, Mc Mahan también ayudó a Alavedra a «repatriar» en 2009 a España 300.000 euros depositados en una cuenta andorrana a nombre de la mujer del político, ya fallecida, de origen presuntamente ilícito.

El último de los cuatro procesados –del total de once– con quien la Fiscalía ha cerrado un pacto a cambio de asumir los hechos imputados es el empresario Manuel Carrillo, acusado de pagar 6.480 euros al ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Bartolomé Muñoz, también en el banquillo, a cambio de adjudicar a su empresa Limasa en 2009 las tareas de limpieza del municipio. En este caso, Anticorrupción aplazó la rebaja de petición de condena (ahora de tres años de prisión) hasta que preste hoy declaración en el juicio.

Se escucharán dos llamadas a Mas y Pujol

La fiscal Anticorrupción sacó ayer adelante su pretensión de que se escuchen en el juicio dos conversaciones

de julio de 2009 con Alavedra, tres meses antes de ser detenido, con el entonces jefe de la oposición en Cataluña Artur Mas y con el ya ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. Asimismo, avisó al tribunal de una posible ampliación, al final de la vista, de los delitos imputados a algunos procesados, entre los que se refirió a los de prevaricación, cohecho, falsedad y fraude a la Administración.