La Fiscalía avisa a Alaya de que es inviable no dividir la causa de los ERE

La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que hay motivos más que suficientes para que la Sala Penal del Tribunal Supremo investigue a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el fraude los ERE, tal como adelantó ayer este periódico.

La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que hay motivos más que suficientes para que la Sala Penal del Tribunal Supremo investigue a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el fraude los ERE, tal como adelantó ayer este periódico. El Ministerio Público solicita que también asuma la investigación respecto a los diputados José Antonio Viera –ex consejero de Empleo– y Gaspar Zarrías –ex consejero de Presidencia con Chaves como presidente– y la senadora María del Mar Moreno, quien ocupó el mismo cargo que Zarrías cuando Griñán accedió al puesto.

De esta forma, el Ministerio Público apoya la exposición razonada de la jueza Mercedes Alaya sólo en lo que afecta a quienes ocupan un escaño en el Congreso o en el Senado –Chaves es diputado y Zarrías, senador–; mientras que en el caso de los diputados autonómicos y ex consejeros del Gobierno andaluz Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, el Ministerio Público entiende que «nada impide» que sea el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) quien, en su caso, asuma la investigación.

En este último punto, alude a que el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía tan sólo atribuye al Tribunal Supremo la competencia para conocer las causas contra aforados autonómicos por hechos cometidos fuera del territorio de la comunidad, «que no es el caso».

Ahora será la Sala de Admisión del Supremo, integrada por el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, y los magistrados José Manuel Maza y Miguel Colmenero –ponente– quienes decidan si admiten la competencia para investigar a todos a los que aludía la magistrada, o, por el contrario, sigue el criterio del Ministerio Público.

El hecho de que el TS admitiese sólo la competencia respecto a los diputados y senadores, afirma al respecto la Fiscalía, no significa que se vaya a romper la unidad de la causa, ni que afecte a las piezas separadas de cada ayuda. Además, el objeto de investigar los hechos que pudiesen afectar a los cinco aforados respecto a los cuales pide al Supremo que inicie la correspondiente investigación es «ciertamente del resto de la instrucción judicial que se sigue en el Juzgado provincial que la propia instructora divide la exposición de los hechos en dos fases perfectamente diferenciadas». La primera consistiría en la «ideación y diseño del procedimiento específico para canalizar las ayudas en general», y una segunda etapa de «ejecución administrativa y material, consistente en la suscripción de convenios particulares de colaboración y de pólizas de seguro, en las que solamente intervenían, siempre según la exposición razonada, el responsable de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo –Francisco Javier Guerrero–y el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía ».

Por ello, la Fiscalía considera que, al menos a priori, es posible la investigación judicial de los diputados y senadores a los que alude Alaya, de forma separada de los demás intervinientes «en el proceso de adjudicación de las ayudas, por tener su actuación entidad y autonomía propia». En cambio, el Ministerio Público no acepta la tesis de Alaya de que podrían «quedarse sin contenido» los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En el informe remitido a la Sala Penal del Supremo, la Fiscalía solicita a la magistrada que divida toda la causa por expedientes de concesión de ayudas sociolaborales o de empresas, salvo que exista conexidad en cuanto a identidad de los sujetos beneficiarios o por ejercicios presupuestarios, para, de esa forma, facilitar la instrucción «y el posible enjuiciamiento de las distintas conductas». Ello, además, redundaría en «evitar indeseables anomalías procesales y las siempre rechazables dilaciones indebidas». Y es que, como destaca el Ministerio Público, la causa por el presunto fraude de los ERE tiene ya unos cien mil folios y hay más de 200 imputados, exactamente 233. «Estas cifras hacen inviable cualquier posibilidad de enjuiciamiento conjunto y obligan a adoptar fórmulas que faciliten el tratamiento procesal de imputados y hechos». Para ello, concluye la Fiscalía, sería necesario desglosar la pieza principal, de la que debe seguir conociendo Mercedes Alaya, en piezas separadas que faciliten la instrucción y enjuiciamiento por separado.