La Fiscalía denunciará hoy a Mas y a tres consejeros por el 9N

La Fiscalía presentará hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una querella por desobediencia y prevaricación contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas. La vicepresidenta Joana Ortega y la consellers Rigau y Espadaler, también denunciados.

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La Fiscalía presentará hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una querella por desobediencia y prevaricación contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y los miembros de su Gobierno que han tenido una participación activa en la consulta participativa del pasado domingo obviando la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional (TC). Según ha podido saber LA RAZÓN, el Ministerio Público considera que existen indicios suficientemente «sólidos» de una posible conducta delictiva por parte de algunos miembros del Ejecutivo autonómico, con Mas a la cabeza, quienes por su condición de aforados (bien por su condición de integrantes del Gobierno autonómico o como parlamentarios) sólo pueden responder penalmente ante el Tribunal Superior catalán, y no ante los juzgados de instrucción ordinarios ante los que se plantearon el pasado domingo las 24 denuncias contra la cúpula de la Generalitat por parte de partidos políticos y ciudadanos particulares.

Entre los querellados figurarían, según esas mismas fuentes, además de Mas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, quien fue la encargada de comparecer en la jornada pseudoelectoral para facilitar los datos sobre la participación; la consejera de Educación, Irene Rigau, por su supuesta responsabilidad en la cesión de colegios públicos para instalar las urnas; y el titular catalán de Interior, Ramón Espadaler. No obstante, la Fiscalía no descarta que a lo largo de la investigación se amplíe la nómina de responsables.

La Fiscalía abrió diligencias el pasado sábado para investigar la responsabilidad de la Generalitat en la cesión de locales públicos para la celebración de la consulta y solicitó diversa información al respecto a la Consejería de Educación, a los Mossos d´Esquadra y a la empresa Unipost, encargada del buzoneo de los folletos informativos del 9-N. Al Departament de Ensenyament le reclamó que le informara si se habían producido reuniones con responsables de centros públicos para pedirles que pusieran sus instalaciones a disposición de la votación y si existían órdenes o instrucciones expresas por parte de la Generalitat para la utilización de esos locales. Cualquier iniciativa en ese sentido permitiría apuntalar, apuntan fuentes jurídicas, los indicios de la comisión de un delito de prevaricación a la autoridad que, «a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo», una conducta que está castigada con la inhabilitación para ejercer un cargo público entre siete y diez años. Hasta el momento, no hay constancia de que la Generalitat haya contestado a ese requerimiento.

Quienes sí han cumplimentado la petición de información de la Fiscalía Superior de Cataluña son los Mossos de Esquadra, a los que el Ministerio Público reclamó una relación de los locales de titularidad pública (institutos, dependencias municipales u organismos) donde se llevaron a cabo las votaciones, identificando a los responsables que autorizaron «el acceso a los delegados de las entidades convocantes» del proceso participativo.

Los Mossos se remiten a un escrito de la vicepresidenta catalana en el que Ortega, titular además del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, se niega a identificar a los responsables de la cesión de los centros públicos porque «se ignoran las condiciones concretas en las que se puede haber accedido a cada una de las dependencias», informa Efe. Horas antes, Mas había asumido públicamente, en su nombre y en el de su Gobierno, la responsabilidad por la cesión de esos edificios de titularidad pública.

Además, la empresa encargada del buzoneo de los folletos informativos del 9-N (distribuidos con el membrete de la Generalitat tras la decisión del TC del pasado martes de suspender la consulta y todos sus actos preparativos) ya ha recibido el requerimiento de información de la Fiscalía, que le reclama «la hora de encargo, el contrato y cuantos documentos obren en su poder» relacionados con la distribución de la propaganda de la jornada pseudo electoral. Del mismo modo, le ha solicitado el «presupuesto, factura pro forma o definitiva» de esos trabajos y, «significativa y especialmente, qué persona o entidad le suministró el listado de destinatarios o el mecanismo por el que obtuvo dicho listado» con las identidades y direcciones de los ciudadanos.

La denuncia de la Fiscalía se interpondrá ante el TSJ de Cataluña porque el Estatut dispone en su artículo 70.2 que corresponde a este tribunal «decidir sobre la inculpación, el procesamiento y el enjuiciamiento del presidente o presidenta de la Generalitat y de los consejeros», una medida que el artículo 57.2 extiende también a «las causas contra los diputados». A excepción de Espadaler, los cuatro querellados son, además de miembros de la Generalitat, diputados del Parlament.