La Fiscalía estudia recurrir ante la propia Audiencia el auto de imputación de la Infanta

La Fiscalía Anticorrupción está valorando la posibilidad de recurrir en súplica el auto de la Audiencia de Palma que mantiene a la Infanta imputada por dos delitos fiscales como cooperadora. El fiscal Pedro Horrach considera que la aplicación del artículo 128 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impide sentar a alguien en el banquillo si sólo lo pide la acusación popular y no la Fiscalía ni el perjudicado directo, en este caso la Agencia Tributaria, es «un mandato imperativo» que no puede dejarse a la «libertad de criterio» del juez instructor, José Castro, como mantiene la sección segunda de la Audiencia de Palma en su resolución.

Con esta iniciativa, sobre la que debería pronunciarse el mismo tribunal que firma el auto del «caso Nóos» –integrado por los magistrados Diego Gómez-Reino, Juan Jiménez Vidal y Mónica de la Serna–, la Fiscalía quiere forzar a la Sala a que se pronuncie de forma taxativa sobre la aplicación de la «doctrina Botín» a la Infanta en este supuesto. Según las fuentes consultadas, el Ministerio Público dispone de tres días de plazo para interponer el recurso una vez el juez Castro comunique a las partes la resolución de la Audiencia y les dé diez días de plazo para presentar sus escritos de acusación.

Escrito de acusación

En su escrito de conclusiones provisionales, Horrach sí pedirá expresamente que se archive el procedimiento contra la Infanta Cristina –imputada como cooperadora en dos delitos fiscales atribuidos a su marido, Iñaki Urdangarín– en aplicación de la «doctrina Botín». El representante del Ministerio Público considera que, tal y como sucedió con el ex presidente del Banco Santander en diciembre de 2007 en el caso de las cesiones de crédito, la hermana del Rey no puede sentarse en el banquillo sólo a instancias de una acusación popular, Manos Limpias, si no la acusan ni la propia Fiscalía ni la Abogacía del Estado, que representa en la causa a la Agencia Tributaria como perjudicada de la supuesta defraudación fiscal en el IRPF de 2007 y 2008 por parte del duque de Palma.

La Fiscalía entiende que el juez deberá resolver esa petición de archivo –bien en una resolución independiente o en el propio auto de apertura de juicio oral– y que su pronunciamiento sería recurrible, pese a que el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) deja claro que contra ese auto «no se dará recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal». No obstante, el Ministerio Público podría invocar –si finalmente decide dar ese paso– su discrepancia con «hechos determinantes» recogidos en el auto de apertura de juicio oral. Si prosperase esa iniciativa, entraría de nuevo en escena la Audiencia Provincial de Palma, que previsiblemente ratificaría las conclusiones expuestas en su auto del pasado viernes.

Recurso de nulidad

Otra de las opciones que baraja el fiscal es la interposición de un recurso de nulidad por infracción de ley contra el auto de la Audiencia, por dejar a criterio del instructor la aplicación de la «doctrina Botín», que considera imperativa en aplicación del artículo 782 de la Lecrim. En ese caso, Horrach esgrimiría también que la Sala ha incurrido en una aparente contradicción con la resolución con la que, en 2012, se negó a imputar a la Infanta esgrimiendo que no participaba en la gestión del Instituto Nóos ni de Aizoon.

Casación ante el Supremo

Más improbable parece la posibilidad de que Anticorrupción plantee contra ese auto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, una opción que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo permite por infracción de ley y en supuestos expresamente tasados normativamente. El artículo 625 de la Lecrim, por ejemplo, admite el recurso de casación contra el auto de conclusión de un sumario. Pero, en este supuesto, se trata de un procedimiento abreviado, y no de un sumario ordinario.

En todo caso, si el juez Castro decide no aplicar la «doctrina Botín» e incluir entre los procesados a Doña Cristina, la Fiscalía podría incluso interponer una cuestión previa (que habitualmente se plantea al comienzo de la vista oral, antes de que comiencen las declaraciones de los acusados) ante la Audiencia Provincial. Tiempo tiene por delante, pues previsiblemente no será antes de un mes cuando los abogados de los imputados presenten sus escritos de defensa, una vez que las acusaciones eleven al juzgado sus conclusiones provisionales y, a posteriori, Castro acuerde abrir juicio oral en el «caso Nóos».

El fiscal no comparte la opinión de la Audiencia de mantener a la Infanta la imputación por cooperadora en los dos delitos fiscales de su marido teniendo en cuenta que el supuesto fraude no se cometió en el Impuesto de Sociedades a través de Aizoon, la empresa que compartía el matrimonio, sino en el IRPF de Urdangarín, por lo que la obligación tributaria recaía de forma individual en su cónyuge. Horrach defiende que cuando se ha imputado también al cónyuge del autor material de la defraudación era por su condición de administrador en la sociedad e, incluso en esos supuestos, habitualmente se les absuelve cuando el tribunal da por probado que no intervenía en la gestión y su cargo era meramente formal.

Doña Cristina reaparece junto a Iñaki Urdangarín

La Infanta Cristina reaparecía ayer, un día después de conocer el mantenimiento de su imputación por dos delitos fiscales, junto a su marido, Iñaki Urdangarín, al que la Audiencia le imputa, a su vez, diez. Doña Cristina abandonaba su domicilio en un acomodado barrio de Ginebra (Suiza) y se montaba en un coche conducido por el propio Urdangarín. A su salida, la Infanta dio los «buenos días» a los periodistas apostados desde el viernes en los aledaños del domicilio. Aunque con semblante serio, los duques de Palma no quisieron realizar declaraciones sobre el auto judicial y se limitaron con una actitud tranquila a subirse al vehículo. La Casa Real expresó, tras conocerse la imputación de la hermana del Rey, su «respeto absoluto por la independencia judicial», mientras que ante la posibilidad de renuncia a sus derechos sucesorios, Zarzuela entiende que es «una cuestión que le corresponde considerar a la Infanta», que sólo forma parte de la Familia del Rey.