Anticorrupción se opone a investigar al presidente de Murcia por la «Púnica»

La Fiscalía Anticorrupción esperaba que más pronto que tarde el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decidiera implicar directamente al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en la «trama Púnica» en esa comunidad.

La Fiscalía Anticorrupción esperaba que más pronto que tarde el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decidiera implicar directamente al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en la «trama Púnica» en esa comunidad. De hecho, el magistrado entiende que se concertó con Alejandro de Pedro, «el conseguidor», para que la empresa de éste realizase informes de reputación de cara a posicionarse para postularse como futuro presidente autonómico, informes que se habrían pagado con fondos públicos y, en concreto, de la Consejería de Educación, de la que era titular el actual presidente murciano. Sin embargo, pocas horas después de que el juez Velasco dictase esa resolución como paso para remitir la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Anticorrupción informaba en contra de tal posibilidad, al considerar que no existen indicios de que Sánchez haya incurrido en delito alguno.

El argumento del Ministerio Público es tajante: «No llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas». Así lo hace constar en el informe donde, en cambio, apoya que se remita la causa al Supremo en lo que afecta a la ex alcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP Pilar Barreiro Álvarez, por entender que sí hay motivos para que se investiguen los hechos. En concreto, si se concertó con empresas vinculadas a De Pedro «en el amañe de futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación, así como por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.

El juez imputa a Barreiro los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada, y otro de revelación de información reservada, «al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar». En cuanto a Sánchez, el instructor del «caso Púnica» le imputaba tres delitos: fraude, en relación con esa supuesta concertación con De Pedro para realizar con fondos públicos informes reputacionales; cohecho, vinculado a que esos informes se ralizarían a cambio de futuros contratos públicos, y revelación de información reservada, por los mismos hechos que a Barreiro. El coste total de los trabajos habría alcanzado los 32.200 euros, si bien no llegó a ejecutarse tras estallar el caso respecto a estas imputaciones. Anticorrupción destaca que la cuestión, en ambos casos, gira en torno a la presunta prestación de servicios de publicidad encubierta por parte de empresas de De Pedro, realizado con el propósito de conseguir la adjudicación de contratos públicos de cobertura que pagarían los auténticos servicios particulares de buena reputación a los políticos.

En todo caso, tras analizar ambos supuestos y destacar la dificultad de deslindar los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos, Anticorrupción concluye que la participación de Barreiro en los hechos que describe el juez Velasco en su auto, «aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados» en el Tribunal Supremo. En cambio, en lo que afecta a Sánchez, sostiene que se puede concluir que los contratos de publicidad no llegaron a formalizarse, por lo que no se produjo «perjuicio para las arcas públicas».

C’s avisa: «Que no peligre la estabilidad»

«Confiamos en que el PP no ponga en peligro la estabilidad de la Región por empeñarse en defender a un imputado. Si esto ocurre, exigiremos su dimisión». Así, Cs recordaba que el pacto de investidura que alcanzaron incluía esta posibilidad.