La Fiscalía pedirá al Tribunal Supremo que investigue a Chaves y Griñán

La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene previsto presentar de forma inmediata su informe ante el Tribunal Supremo respecto a la exposición razonada de la jueza de Sevilla Mercedes Alaya en relación a nueve aforados por su presunta vinculación con el fraude de los ERE, entre ellos los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En ese informe, según han confirmado fuentes jurídicas a LA RAZÓN, el Ministerio Público sostendrá, respecto a la competencia, que el Supremo es competente para el conocimiento de los hechos, y, en cuanto al fondo, que hay indicios para que la Sala Penal admita a trámite la exposición razonada sobre los ocho aforados, y que, a partir de ahí, se esclarezcan los indicios respecto a cada uno de ellos y sea en la instrucción cuando se determine si hay motivos para mantener la imputación en relación a todos o sólo para algunos.

Una vez que la Fiscalía presente su informe, tendrá que ser la Sala de Admisiones del Supremo la que tenga la última palabra y decida si sigue el criterio del Ministerio Público u opta por otro distinto, lo que, en principio, no es muy habitual. Esta sala la integran Manuel Marchena, como presidente de la Sala Penal, y los magistrados Miguel Colmenero, ponente, y José Manuel Maza.

La jueza Mercedes Alaya remitió el pasado 31 de julio la exposición razonada al Tribunal Supremo al apreciar indicios de delito en los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el ex consejero de Empleo y actual diputado del PSOE en el Congreso, José Antonio Viera; los ex consejeros del Gobierno autonómico Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila; así como Mar Moreno, consejera de Presidencia entre 2010 y 2012 bajo el mandato de Griñán, y Gaspar Zarrías, quien ocupó ese mismo cargo con Chaves al frente de la Junta.

En su exposición razonaba, la jueza Alaya destacaba que los aforados no sólo conocieron y ampararon el sistema ilegal de concesión de ayudas públicas, sino que, en algunos casos, estaban al corriente incluso de algunas de las irregularidades emanadas de la aplicación del mismo.

Así, por ejemplo, en el tema de las sobrecomisiones que la Junta de Andalucía abonó para el cargo de los ERE financiados con fondos públicos, la magistrada considera que esos hechos debían ser conocidos por Chaves y Zarrías, su «mano derecha». «La existencia de estas sobrecomisiones, indiciariamente, debía ser conocida y autorizada por el propio presidente de la Junta –Chaves, en ese momento–y por la persona de su absoluta confianza, don Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia, que le aconsejaba en todas las decisiones del Gobierno». Alaya enumera hasta cuatro razones para sostener su afirmación.

En este punto, la instructora de la causa señalaba, entre otros motivos, que el conocimiento de Chaves y Zarrías de esa manera de proceder de la Junta estaba motivado por un interés político: «Engrasar toda esta red clientelar a base de ayudas públicas arbitrarias». Una estrategia, añadía Alaya, que, además, era un acto de «proselitismo político mantenido en el tiempo».

En cuanto a Griñán, uno de los aspectos que destacaba Alaya en su exposición razonada era que «con toda lógica» tuvo que conocer los informes de la Intervención que advertían de la irregularidades de esas ayudas. Y ello, añadía, en primer lugar, porque «fueron muchos, año tras año»; y, en segundo lugar, porque pensar lo contrario supondría que su entonces número dos, Carmen Martínez Aguayo, quien le sustituyó al frente de la Consejería de Economía cuando fue nombrado presidente de la Junta, no le informaba de los mismos.

En cuanto a Mar Moreno, antecesora en Presidencia –cuando Griñán era presidente– de la actual presidenta de la Junta, Alaya sostiene que no sólo debió de tener conocimiento político de las ayudas vinculadas a las consejerías de Empleo, Innovación y Presidencia, sin qu ela instrucción ha puesto de manifiesto que debía tener también, al menos de forma «indiciaria», conocimiento del sistema de ayudas.

Alaya, por último, alertaba al Supremo del «caso procesal», si no aceptaba investigar a todos los aforados a los que aludía en su exposición razonada, ya que lo procedente es que abarcase el «conocimiento completo de la causa».