Medio ex Govern, en prisión

El juez envía a la cárcel por «grave riesgo de fuga» y de reiteración delictiva al candidato Turull, a Forcadell y a los ex consejeros de Puigdemont Romeva, Rull y Bassa tras procesarlos por rebelión y malversación.

Cinco meses después de darse a la fuga, el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont tiene a seis de los trece ex integrantes de su antiguo Govern en prisión y a otros cuatro, como él mismo, en busca y captura. La factura judicial del proceso independentista llevó ayer de nuevo a la cárcel a cuatro de ellos, incluido el candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Turull, quien no podrá someterse hoy en el Parlament a una segunda sesión de investidura.

Tras procesar por rebelión a los principales impulsores del desafío independentista, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó, a instancias de la Fiscalía y de Vox, el ingreso en prisión incondicional, por «grave riesgo de fuga» y de reiteración delictiva, tanto de Turull como de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y de los ex consellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, que habían sido convocados a una vistilla para revisar su situación procesal tras los últimos informes de la Guardia Civil que les otorgan un papel preponderante en el «procés».

Para el magistrado, la renuncia al acta de diputado (anunciada en última instancia por Forcadell, Bassa y Marta Rovira, en busca y captura tras no comparecer ayer en el Tribunal Supremo) no despeja la posibilidad de que persista su determinación de alcanzar la independencia. Un objetivo legítimo, recuerda, pero que se ha pretendido alcanzar «mediante instrumentos de actuación que quebrantan las normas prohibitivas penales y con apoyo de un movimiento social, administrativo y político de gran extensión».

El tiempo, además, ha jugado en contra de los intereses procesales de los investigados, puesto que las iniciales sospechas «son hoy indicios racionales y firmes» respecto a su supuesta participación en el delito de rebelión.

Además de la gravedad de las penas (hasta 30 años de prisión), la posibilidad de que emulen a Puigdemont y a los otros procesados huidos se acrecienta, según el juez, por su «clara insurrección a las decisiones a la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años».

Aunque el magistrado del Tribunal Supremo reconoce que todos ellos se han presentado ante la autoridad judicial siempre que han sido requeridos, no aprecia «en su esfera psicológica interna» ningún síntoma de que su momentáneo respeto a las decisiones judiciales «vaya a ser permanente». Sobre todo, subraya, por «su consideración general al papel de la Justicia» y por el hecho de que su convencimiento de que estaban legitimados para llevar adelante los hechos investigados hacen que sigan sin aceptar «la presunta ilegalidad de la conducta».

«El acatamiento de la decisión del tribunal se producirá –añade– mientras su voluntad no cambie, tal y como ha acontencido hoy (por ayer) con otra de las procesadas». Y es que la súbita fuga de Marta Rovira no ha hecho sino empeorar el ya de por sí complicado horizonte procesal.

Ese riesgo de fuga también se aviva, sostiene, por el hecho de que el colectivo independentista cuente «con estructuras asociativas organizadas, asesoramiento legal especializado, relevantes recursos económicos derivados de las aportaciones de sus asociados» y de un «armazón internacional» construidos en los últimos años para defender sus intereses y prestar un «soporte eficaz» en caso de huida.

El instructor muestra, al igual que hace en el auto de procesamiento, su temor a que los esfuerzos independentistas y los desafíos a la legalidad se redoblen una vez se levante la aplicación del artículo 155, de modo que se continúe «con la actuación ilícita tan pronto como se recuperaran las instituciones autonómicas que hubieran sido intervenidas». Por ello, cree que el «marcado» riesgo de reiteración delictiva «existe pese a la renuncia al acta de diputado». Su actuación en los últimos meses, añade, no permite presumir que los procesados hayan desistido de «retornar al anormal funcionamiento de las instituciones» ni de continuar colaborando con el desafío a la legalidad desde el Parlament, como ya ha hecho Forcadell, recuerda, primero como presidenta de AMI y después como presidenta de la Cámara catalana.

Y respecto a la limitación de sus derechos de participación política, hace hincapié en que esa facultad «no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho de aquel a quien se atribuye una grave actuación delictiva no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia».