La Fiscalía ve indicios para juzgar a dos mandos policiales por el soplo a ETA

Seis años después del chivatazo que alertó a ETA, en plena tregua terrorista, de una operación policial contra su red de extorsión, el «caso Faisán» encara su recta final. La Audiencia Nacional celebró ayer una vista para estudiar los recursos del ex jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y del comisario José María Ballesteros contra sus procesamientos. Los magistrados de la Sección Segunda, encargada del enjuiciamiento del caso, pudieron escuchar los argumentos de la Fiscalía, que insistió en que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a los dos procesados, y de las defensas, que pidieron que se dejen sin efecto los procesamientos de sus clientes al considerar que las pruebas contra ellos no permiten sustentar la acusación. Por su parte, tanto Dignidad y Justicia (DyJ) como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) defendieron en la vista que no es necesario que se aporten nuevos elementos incriminatorios contra Pamiés y Ballesteros a los ya contenidos en el auto de procesamiento firmado por el juez Pablo Ruz, que dejó fuera del procedimiento al otro imputado, el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo.

Y eso que la incógnita que debe determinar si los procesados se sientan en el banquillo en la Audiencia Nacional o en los juzgados ordinarios de Irún (donde se produjo el soplo en mayo de 2006) aún está en el aire. La Fiscalía sostuvo la inexistencia del delito de colaboración con ETA, pero a día de hoy el asunto parece tabú. De hecho, fuentes jurídicas apuntaron que el fiscal Carlos Bautista aseguró ayer durante la vista que no tiene previsto plantear una declinatoria de competencia para que el caso salga de la Audiencia Nacional (como sucedería si sólo se acusase a Pamiés y Ballesteros de revelación de secretos). Ahora no toca, y el Ministerio Público esperará al momento procesal oportuno, la presentación de su escrito de conclusiones, para precisar las acusaciones. Bautista explicó que cuando la Sala dejó sin efecto los procesamientos el pasado septiembre, al considerar insuficientes los indicios esgrimidos, estaba asumiendo implícitamente la competencia.

Las defensas de Pamiés y Ballesteros, sin embargo, sostuvieron que desde la resolución que obligó al juez a completar la investigación, no se han aportado nuevos elementos incriminatorios contra sus clientes. Pero tras las nuevas indagaciones, Ruz llegó a la misma conclusión: fue Ballesteros quien facilitó un móvil a Joseba Elosua, dueño del bar Faisán de Irún, para que Pamiés le alertara de la inminente operación policial contra el «aparato de extorsión» de ETA, extremo que ambos inculpados niegan.

Durante la vista, el magistrado Fernando García Nicolás llamó al orden al abogado de Ballesteros, José Luis Vegas, quien criticó el auto de Ruz al considerarlo «uno de los más flojos de la democracia», según esas mismas fuentes, y añadir que fue redactado «al margen de cualquier motivación jurídica».

Si la Sala confirma los procesamientos, y teniendo en cuenta que ahora toca digitalizar toda la causa, el juicio podría celebrarse, como muy pronto, antes del verano.