La fundación de Podemos asesoró al Chavismo para acallar medios

Las acusaciones realizadas por la APM sobre una «campaña sistemática de acoso» que Podemos habría llevado a cabo contra un grupo de periodistas que habitualmente cubre la actualidad del partido ha vuelto a centrar el debate en la accidentada relación del partido de Iglesias con los medios. Lo cierto es que la relación de amor-odio de Podemos con la prensa es tan antigua como la existencia misma de esta formación e incluso anterior: según ha podido saber este diario, el asesoramiento de la fundación CEPS –el embrión político de Podemos en el que en un momento o en otro perteneció su núcleo duro fundacional: Iglesias, Monedero, Errejón, Bescansa, Abril, etc...– fue instrumental a la hora de diseñar su estrategia política y jurídica para acorralar a los medios que le eran críticos durante sus primeros años en el poder y a cimentar el férreo control mediático gubernamental existente actualmente en Venezuela.

El brazo del Ejecutivo utilizado por el régimen chavista para la «regulación, supervisión y control» de la libertad de Prensa en Venezuela es Conatel (Comisión Nacional de las Telecomunicaciones). Este organismo, perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, adquirió especial relevancia informativa al ser el encargado de dar y retirar licencias de emisión –e incluso imponer multas millonarias a cadenas de televisión y emisoras. La relación entre Conatel y CEPS se articuló en varios convenios durante el periodo 2002 y 2008. Una de los servicios que el embrión de Podemos proporcionó a Conatel fue la formación a funcionarios y asesores y el encargado de impartir uno de estos cursos fue, en Caracas en junio de 2007, el propio Pablo Iglesias. Tal y como figura en su currículo, el secretario general de Podemos fue responsable de un «curso de formación ideológica» para «funcionarios y asesores de Conatel (Venezuela)» en virtud del «Convenio Fundación CEPS/CONATEL». Concretamente, el módulo que Iglesias impartió fue el dedicado a «Neoliberalismo, Globalización y eracción social».

Además de la formación a los funcionarios y asesores que luego realizarían sobre el terreno la política de hostigamiento contra los medios críticos, CEPS asesoró en la redacción de un paquete de medidas legislativas con la que el chavismo articuló sus esfuerzos para transformar el entramado institucional venezolano. La ayuda de CEPS fue especialmente significativa en la «Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión» (Recorte) de 2004. Miguel Henrique Otero, director de uno de los principales diarios críticos con el chavismo que queda en Venezuela, «El Nacional» describió en conversación con LA RAZÓN de esta manera el impacto de Recorte en el panorama mediático venezolano: «Es una ley terrible porque es discrecional. Permite al Gobierno cerrar medios de manera arbitraria. Es una ley para generar una autocensura masiva en medios de comunicación audiovisual. Gracias a ella el 40% de la población sólo tiene acceso a medios controlados por el chavismo y el otro 60% a medios autocensuraros. Con esa ley lograron silenciar a la radio y la televisión casi totalmente». Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras y la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos a condenado la «Recorte» por limitar la libertad de expresión en Venezuela.

De todos es conocido que el régimen bolivariano propició la aparición de Podemos inyectando más de 7 millones de euros a la Fundación CEPS durante los 12 años que van desde 2002 a la irrupción –aparentemente de la nada– del partido de Iglesias. Lo que no es del todo conocido es hasta que punto el núcleo fundador de Podemos participó en el diseño de la dirección que tomaba el régimen desde poco después de hacerse con el poder en Venezuela. Para Otero el papel jugado por el germen de Podemos fue instrumental: «Hay todo un paquete de ‘‘leyes comunales’’ con las que el régimen desmontó la estructura política e institucional de Venezuela y ha intentado llevar al país a una especie de universo comunal caótico. Estas leyen fueron redactadas con el asesoramiento de Podemos. Ellos crearon este sistema de ‘‘leyes comunales’’. De hecho en el articulado de las leyes hay elementos, digamos, españoles, de dificil aplicación en nuestro país. Estas leyes no se han aplicado totalmente pero son una utopía que sabemos muy bien a donde nos lleva».

Difícilmente pueden resultar una sorpresa las presiones que, según la denuncia de la APM, han realizado miembros de la cúpula de Podemos a periodistas para alguien como Miguel Otero, que ha tenido que sufrirlas en primera personas. Influyentes personalidades de la radio y la televisión crítica con Maduro y su régimen denuncia casi diariamente acoso y amedrentamiento por autoridades. «Son las tácticas del populismo autoritario», reflexiona el editor de «El Nacional». «Cuando no están en el Gobierno no tienen esa característica del autoritarismo tan marcada pero en España empiezan a dejar traslucir los rasgos de lo que podrían ser si llegan al poder». La causa profunda de la escabrosa relación de Podemos con los medios es que «ellos sienten que son el pueblo, que encarnan el sentimiento de la población y, por tanto, cuando se les ataca y se les lleva la contraria se está traicionando al pueblo». Según Otero se trata del mismo modelo «de eliminación casi total de la libertad de expresión» con la salvedad de que «Chávez esperó a llegar al poder pero la gente de Podemos se está adelantando».

Otero argumenta que España vive actualmente la primera de las fases que se han vivido en Venezuela: «Primero vieron las amenazas a los que no comprenden la revolución y critican sus políticas. Luego empezaron a tomar acciones concretas con los periodistas molestos: amedrantamientos directos a través de los programas de televisión y de las cadenas controladas gubernamentalmente, apertura de procedimientos judiciales por desacato y difamación, el cierre de medios y, finalmente la compra de medios cuando éstos eran irreductibles».

Conatel, brazo ejecutor del régimen

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones es el órgano dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información con el que el chavismo ha logrado que el 40% de la pobración en Venezuela sólo tenga acceso a radios y televisiones afines al régimen y el 60% a cadenas que recurren a la autocensura para evitar el cierre o multas millonarias (ambos decretadas por esta agencia del Gobierno bolivariano). Pablo Iglesias formó en 2007 a sus funcionarios y la Fundación CEPS, embrión político de Podemos, firmó varios convenios con Conatel y contribuyó a la redacción de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Recorte), paraguas jurídico para acallar medios.