La Generalitat adjudicó a dedo cuatro contratos al socio del «hereu»

«Tras el análisis de los contratos se observa cómo Tous utilizaría las relaciones personales con quienes ocupan puestos de responsabilidad en organismos públicos de tal forma que, como se ha constatado, consigue los mismos sin que exista una libre concurrencia en las adjudicaciones». Ésta es una de las conclusiones a las que llega la Agencia Tributaria en el informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN sobre la relación contractual entre la Generalitat y Josep Tous, ex director sectorial de energía de CiU e imputado junto a su socio Oriol Pujol por el «caso de las ITV». En este sentido, Hacienda sostiene que la fórmula de contratación presuntamente elegida por Tous, «con el supuesto beneplácito de Isidre Masalles Román, sería la de fraccionar la operación en contratos menores de 18.000 euros para no hacer algo muy complicado».

Servicio de Vigilancia Aduanera

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) constata en su dictamen remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que el departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat «facilitó una serie de contratos administrativos con empresas, de las cuales tenían conocimiento de que Tous era administrador o tenía alguna vinculación» entre 2011 y 2012. En concreto, la Generalitat encargó dos contratos estipulados como «menores» de 21.122 euros cada uno (de 17.900 sin el IVA): un informe de «asistencia técnica para la elaboración del nuevo plan de ITV» y un «contrato sobre la calidad del servicio de Inspección Técnica de vehículos». Tercero, un contrato de «asistencia técnica para el desarrollo del plan estratégico para la defensa de los consumidores y el mantenimiento del mercado en leal competencia» en la modalidad de negociado sin publicidad y tramitado de urgencia, cuyo importe ascendió a 44.840 euros. Y por último, un contrato de «asistencia técnica y apoyo en la elaboración del documento de bases para impulsar un nuevo modelo de inspección que racionalice las cargas administrativas a las empresas», cuyo montante ascendía a 20.709 euros, pero no ha sido ejecutado finalmente. Estos hechos se investigarán en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, encargado de instruir las piezas derivadas de la causa principal, puesto que la Fiscalía considera que no existe conexión con el «caso ITV» que se investiga en el TSJC.

Entresijos de los contratos

Pero si llamativa es la adjudicación, más lo son si cabe los entresijos de cada uno de los contratos. El primero de ellos, que consistió en la entrega de un informe de 209 páginas sobre el Plan territorial de estaciones de ITV y que fue ejecutado en su totalidad durante 2011, se encargó a Suple S.L, una empresa en la que figura como administradora Marta Tous Andreu, la hermana de Josep Tous, y en cuyo domicilio social aparece una placa que dice: «Marta Tous Andreu, Medicina general». Además, durante el periodo de realización del contrato no constan trabajadores, ni tampoco subcontrata el servicio, por lo que Hacienda sostiene que «no dispone de cualificación necesaria para llevarlo a cabo». Pero eso no es todo, porque según este informe, el trabajo se facturó seis días antes de que fuera siquiera realizado y en el que Tous apenas incluyó páginas de su cosecha propia. De hecho, un 45% provenía de páginas sacadas de diarios oficiales, un 10% de documentos realizados por Certio ITV S.L, un 7% de explicaciones normativas sacadas del Ministerio de Industria, e incluso, un informe de 58 páginas del profesor Esteve Codina Sancho, titular de la UPC, y por el que la Generalitat ya había pagado 14.000 euros en 2010.

Sin justificación del gasto

En cuanto al segundo, el SVA explica que en marzo de 2012 estaba todavía en fase inicial y sin justificación del gasto firmada por el órgano competente. De hecho, señala que el 14 de marzo Masalles envió un correo electrónico a Tous, informándole de que el contrato «Mistery Shopping» estaba parado y que «casualmente, un día antes, aparecieron en los medios de comunicación noticias sobre la rama catalana de la "operación Campeón"».

En cuanto al contrato para la defensa de los consumidores, había dos empresas que optaban a su licitación que tenían relación directa con Tous, y una tercera persona física, Juan Carlos Siria Racero, que no llegó a presentar oferta, pero que había trabajado de 2009 a 2011 para Tous y su esposa. Finalmente, el contrato fue suscrito con «leconsumo», cuya administradora es Vicenta Bosch Ayala, esposa de Tous. Pero es que en la segunda empresa que optaba al concurso y que fue desestimada por «no acreditar solvencia económica y financiera», Tous es partícipe con un 14,28%, figura como representante y está autorizado en sus cuentas. Y su mujer firmó todos los documentos de licitación, por lo que el SVA sostiene que «no se garantizó una competencia real y efectiva entre los posibles licitadores, al depender éstos en última instancia de los mismos sujetos, Josep Tous y Vicenta Bosch».