La Generalitat no obligará a retirar la placa de Sant Sadurní

Convergència i Unió trabaja para «hacer posible que no nos impongan símbolos que no consideramos nuestros». Con esta justificación, la presidenta local de CDC y portavoz de CiU en el Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia, María Rosell, ha justificado el voto favorable de los nacionalistas catalanes a la moción presentada en el consistorio de la capital del cava por ERC por el que se colocará una placa que rezará : «En este ayuntamiento se iza la bandera española por imperativo legal». Socialistas y populares votaron en contra.

En un breve comunicado enviado a esta redacción, la máxima responsable del partido de Mas en Sant Sadurní ha justificado su actuación. Sin embargo, en el texto no hay ninguna referencia a la polémica que suscita en el sector del cava esta decisión de CiU que la alcaldesa socialista, Susana Mérida, considera «irresponsable» y «absurda». La líder nacionalista –que habla en nombre de los dos partidos de la federación, Unió i Convergència, en el mencionado comunicado– considera, por el contrario, que la prioridad no es el cava, es otra: «Trabajar por la consulta». Según María Rosell su grupo dio un sí crítico para mostrar «su rechazo a la imposición de la bandera –española–». La división en el voto de CiU –dos concejales se abstuvieron– se justifica afirmando que «se dieron los votos necesarios para mostrar el rechazo a la imposición de la bandera».

Una imposición que la líder de CiU atribuye a María de los Llanos de Luna, la delegada del Gobierno, que recordó por carta la obligación legal de cumplir con la ley. La Generalitat reaccionó ayer a este conflicto criticando a la delegación del Ejecutivo central: «En Cataluña hay una persecución constante por parte de la Delegación del Gobierno a los ayuntamientos y a sus acuerdos de plenos sobre los símbolos». Para el departamento que dirige Joana Ortega «hay problemas más importantes» –no menciona el sector del cava– y pide «respeto por la autonomía municipal». A este precepto se acoge la Consejería de Gobernación para justificar que «no puede obligar a un pleno a retirar una placa».

La polémica ha generado un estruendoso silencio en el sector del cava que agrupa a más de 300 empresas. En el sector «todos se acuerdan de lo que sucedió en el boicot de 2004 y 2005. No fue agradable y se notó» afirma un conocedor de la situación política y económica de la capital del cava que añade «además nadie entiende por qué nos tiramos piedras a nuestro tejado». Esta afirmación hace referencia a que el anterior alcalde de Sant Sadurní, el republicano Josep María Ribas –actualmente regidor de Hacienda– es trabajador de Freixenet. También lo es el actual regidor de Turismo y Comercio y responsable del Centro de Interpretación La Fassina –museo del cava– , Josep Bargalló. No son los únicos regidores relacionados directamente con el mundo del cava. La concejal de CiU, Àngels Canals, es propietaria de las cavas Castell de Sant Antoni. Votó a favor de la moción. Las organizaciones sindicales también han expresado su malestar por la instalación de la placa y se sienten preocupados por sus consecuencias en el sector. Por eso, la reacción a la placa que se colocará en el ayuntamiento –se debió colgar el día 3– está llena de perplejidad pero también de prudencia. «No hemos salido de la crisis y ahora podemos caer en otra», afirma nuestro interlocutor, que prefiere mantener el anonimato. La industria del cava da trabajo a una buena parte de los ciudadanos de Sant Sadurní y su comarca. El paro en la capital del cava apenas es del 13%.

La placa de Sant Sadurní sólo tiene dos referentes en toda España: el Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Bildu, y el de Elgoibar, gobernado por el PNV. Ni tan siquiera el presidente de ERC, Oriol Junqueras, alcalde de Sant Vicens dels Horts, ha planteado este tema en su consistorio.