La Guardia Civil aporta 1.400 folios sobre el negocio de los ERE

La Guardia Civil ha entregado a la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE irregulares de Andalucía, el resultado de las últimas investigaciones realizadas, que se recogen en un atestado de más de 1.400 folios.

La Guardia Civil ha entregado a la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE irregulares de Andalucía, el resultado de las últimas investigaciones realizadas, que se recogen en un atestado de más de 1.400 folios, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.

La Benemérita incluye en dicho documento las pesquisas realizadas que permitieron a la magistrada, tras seis meses de baja, reactivar el sumario de una forma espectacular, con un total de 22 nuevas detenciones. Actualmente hay seis personas en la cárcel de forma preventiva. Los directivos de la mediadora Vitalia: Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín, además del ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, el «conseguidor» Juan Lanzas y su presunto testaferro Eduardo Leal. Un cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, salió de prisión tras reunir en tiempo récord la fianza de 50.000 euros.

Las citadas fuentes señalaron que el atestado, que se encuentra bajo el secreto que todavía pesa sobre el sumario, es un documento pormenorizado, en el que han trabajado decenas de agentes, y que ha permitido confirmar, prácticamente al cien por cien, las expectativas de investigación que se había marcado la Guardia Civil en esta fase de las pesquisas.

Tal y como adelantó este periódico, la Unidad Central Operativa (UCO) se marcó hasta cinco líneas de actuación, que los distintos agentes que han participado en la operación han seguido con la tenacidad y rigor que caracteriza a la Guardia Civil, hasta completar el trabajo que se recoge en los más de 1.400 folios del atestado y que se suma a los más de 26.000 que acumula el caso en manos del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Las cinco líneas de investigación son las relativas a ayudas sociolaborales; ayudas directas a empresas; estudio de la gestión de las ayudas y los pagos realizados; investigación de las «mediadoras»; y, finalmente, análisis de la forma con la que trabajaban los supuestos implicados y la forma de abortar los presuntos delitos que se estaban cometiendo.

La denominada «operación Heracles» es el resultado de una de las principales líneas de investigación del juzgado y la Guardia Civil, centrada en averiguar cómo se repartía y se introducía en el sistema financiero el dinero proveniente de las abultadas sobrecomisiones. Para ello hay una serie de actores fundamentales: comisionistas, despachos de abogados, testaferros, empresas pantalla y también los sindicatos. CC OO y UGT son una pieza más del engranaje que convirtió los procesos de expedientes de regulación de empleo en un «negocio». El directivo de Vitalia Antonio Albarracín, en prisión, relató a la jueza que la mediadora para la que trabajaba pagó a los entornos de los dos principales sindicatos de clase 4.291.384,10 euros a través de dos empresas satélites: Temiqui (UGT) y FQT (CC OO). Para propiciar este «negocio» era imprescindible que la Junta inflara el dinero que pagaba a las aseguradoras. Éstas a su vez pagaban a las mediadoras y éstos a los sindicatos.

Las amistades peligrosas de Lanzas con Ruiz Mateos y Zarrías

El vínculo entre Rumasa y el «conseguidor» Juan Lanzas fue estrecho. En el «holding» de la abeja tuvo el ex ugetista uno de sus mejores clientes. Sólo por su intervención en cinco ERE del grupo, Lanzas recibió cinco millones de euros.

La jueza Mercedes Alaya recoge en un auto las «relaciones» entre la conocida familia de empresarios Ruiz Mateos y el ex sindicalista, a quien atribuye un «exagerado enriquecimiento» de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29 por ciento. Tan estrecho es el vínculo que Lanzas consiguió también «colocar» a dos cuñados como prejubilados intrusos en Dhul, propiedad de Rumasa. Es significativa la intermediación de Lanzas en el ERE de Primayor, que absorbió a antiguos trabajadores de la fábrica jienense Cárnicas Molina, objeto de uno de los expedientes germen de la trama. En el ERE de Primayor Lanzas negoció directamente con el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías. Éste ha esgrimido en alguna ocasión que su interlocutor era el «representante de los trabajadores» y por eso negoció con él: «Hice todo lo que estaba en mi mano y un poco más. Y si había que hablar con el diablo, se hablaba con el diablo».