«Pasear el dinero» para blanquearlo

Anticorrupción señala que González tenía diseñada una «estructura» para aflorar el «dinero B». Le considera el «inductor» de la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

«Jaime Ignacio González habría sido la persona que llevó a cabo la demanda de dinero con el fin de sanear las cuentas del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Esta solicitud se la habría realizado a José Martínez Nicolás, su subordinado jerárquico, pudiendo considerarse por lo tanto como el generador o inductor de todos los hechos» relacionados con la presunta financiación del PP de Madrid con fondos públicos supuestamente procedentes del ente Público Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), encargada, entre otras funciones, de la adjudicación de los contratos para los servicios de asistencia técnica e informatización de todo lo relacionado con los procesos electorales de 2007, 2011 y 2015.

En los primeros de esos comicios, González era vicepresidente de la comunidad. De esa forma, fue la persona que «tuvo el control absoluto sobre la ejecución de esos hechos desde su doble condición privilegiada en el ente público ICM y como secretario general del PP de Madrid». Esta es una de las principales conclusiones a las que ha llegado la Fiscalía Anticorrupción sobre el papel de Ignacio González en todo lo relacionado con la «operación Lezo» y que consta en el informe de oposición a su libertad, al que ha tenido acceso íntegro LA RAZÓN.

Uno de los puntos esenciales del dictamen del Ministerio Público alude a la «disponibilidad de dinero en efectivo (dinero b)» que han permanecido fuera del «circuito legal» y de toda la maquinaria que puso en marcha para «blanquear» ese dinero, o, en palabras de la Fiscalía, para «pasear el dinero» con el fin último de invertirlo a través de la creación de sociedades interpuestas o la utilización de fondos de inversión. Esto era, precisamente, lo que «hasta el mismo momento de la detención» estaban programando los principales investigados en esta causa.

Para dar esa apariencia de legalidad al dinero de procedencia presuntamente ilícita, Ignacio González tenía perfectamente estructurada una «metodología», que venía a tener su cima en grandes inversiones en la compra de empresa. Como primer paso, el ex presidente madrileño habría instrumentalizado préstamos personales ficticios a su padre. Junto a ello, también se producía, presuntamente, una facturación profesional ficticia con la empresa instrumental «Asesora 25», controlada por su hermano Pablo; así como otra facturación cruzada con las sociedades controladas por José Manuel Serra –ex secretario de Estado de Industria y Energía– y la sociedad «Comunica Mas», cuyo administrador es Jaime Antoñanzas, «utilizando como pantalla a José Manuel Serra Peris y/o sus empresas».

En este sentido, en una de las conversaciones intervenidas se alude a las «operaciones de blanqueo de dinero en efectivo a través de préstamos ficticios y facturación con “Asesora 25”, en la que el ex presidente entrega el efectivo a su hermano para que se lo transfiera ya blanqueado». Incluso se dio la paradoja de que González confunde la facturación de esa empresa con la de otra, «poniéndolas al mismo nivel conceptual, de lo que se infiere que nos encontramos ante otra nueva tipología de operaciones en la misma línea» de blanquear el dinero.

En cuanto al riesgo de fuga, la Fiscalía que existiría no por el arraigo que tiene en España, sino por la situación de «aislamiento social y económico» en que se encuentra en nuestro país, a lo que se le une la «ingente cantidad de fondos públicos» que habría ingresado por los hechos y operaciones en las que se le implican.

«El investigado tiene patrimonio oculto tras entramados societarios erradicados en paraísos fiscales . En consecuencia, se afirma al respecto, tiene una capacidad real de acción para huir de la Justicia y actuar contra los derechos económicos de los perjudicados, frustando la recuperación de activos».

De hecho, hasta el mismo momento de la detención, afirma la Fiscalía, los investigados estaban programando actuaciones dirigidas al «afloramiento de capitales»: «Proyectaban inversiones de capitales en distintos sectores, la creación de sociedades con personas interpuestas, la utilización de fondos de inversión a a través de los cuales pretendían “pasear el dinero” para luego invertirlo». Por ello, si se estimara el recurso del ex presidente madrileño y se le concediese la libertad existiría un riesgo «de forma clara» en lo que se refiere al delito de blanqueo de capitales respecto de los «fondos ocultos que posee» González.