La Iglesia no se opondrá a que el Gobierno exhume a Franco

El cardenal Osoro, que es la autoridad competente, colaborará con el traslado de los restos.

El Gobierno efectista de Pedro Sánchez resucita el debate de la Memoria Histórica como una de las reformas prioritarias que quiere acometer en los escasos dos años que restan de legislatura. La reforma de la ley actual, «para ampliar derechos y establecer medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura», siempre ha sido una de las demandas tradicionales del PSOE ante la «relegación» a la que –a su juicio– se vio sometida durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Entre las medidas a impulsar –además de la dotación de recursos, el reproche penal a la apología del fascismo o el incumplimiento de la norma– está el traslado de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Sin embargo, la exhumación del dictador es un trámite sumamente complejo –desde el punto de vista legal y competencial– que ha impedido, hasta la fecha, que los gobiernos precedentes llegaran a consumarla.

En primer término existe un conflicto competencial. El Ejecutivo central no tiene potestad sobre cementerios y política sanitaria mortuoria, ya que esta competencia está transferida a la Comunidad de Madrid. Y en segundo término porque, tal y como lo define la propia ley de Memoria Histórica, el Valle de los Caídos tiene la calificación de lugar de culto y cementerio, por lo que sobre el conjunto monumental tiene competencia la autoridad eclesiástica. Esta última circunstancia hace que entren en juego los Acuerdos con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, concretamente el artículo 1.5, que estipula que el Estado no tiene competencias sobre cementerios, exhumaciones y traslados de restos de los cementerios eclesiásticos.

Estas y otras circunstancias hicieron que incluso la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos que puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 considerase «complicado» trasladar los restos por la competencia de la Iglesia sobre el interior de la Basílica. Sin embargo, este escollo está a punto de salvarse y Sánchez podría lograr lo que Zapatero impulsó sin éxito. Según ha podido saber LA RAZÓN, la Iglesia no pondrá trabas a la exhumación de Franco. El Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, que es quien tiene las competencias directas en este asunto, no tiene «ningún interés» en oponerse a ello, es más, está abierto a colaborar y dispuesto a poner todos los medios para alcanzar una solución de consenso. «La Comunidad está allí para orar, no para ser un agente político», asegura.

La familia, de acuerdo

Otro requisito necesario para que la exhumación se pueda llevar a cabo es, además del necesario consenso social, contar con la voluntad afirmativa de la familia para trasladar los restos. Esta negociación, que ya se inició años atrás, también estaría avanzada. La recientemente fallecida hija de Franco, Carmen Polo, estaba dispuesta al traslado. Por todo ello es probable que los socialistas logren ahora sí impulsar la reforma de la Ley de Memoria Histórica. La vía para hacerlo sería el proyecto de ley o incluso por decreto, un trámite más ágil, tomando como base la proposición que ya presentó el PSOE en el Parlamento en diciembre de 2017 y que quedó varada en la Mesa del Congreso, por el veto de PP y Ciudadanos, que atendieron al argumento del Gobierno del importante incremento presupuestario que suponía –214 millones de euros– para frenar su debate en la Cámara.

La Ejecutiva del PSOE estudiará hoy la propuesta del secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, que recogerá que «las exhumaciones tendrán que ser políticas públicas, se planteará la nulidad de todos los juicios del franquismo, se dará solución a la situación del Valle de los Caídos y se prohibirá la apología del franquismo y del fascismo para equipararnos a los democracias europeas más consolidadas».

El paso dado por el PSOE viene coordinado con una de las primeras directrices lanzada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que creará una nueva Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Derechos Humanos y Relaciones con las Confesiones, que «reforzará los mecanismos que tratan de garantizar el acceso a la verdad en casos relacionados con la dictadura franquista y su sistema represivo» y asumirá «nuevas competencias en materia de promoción de los derechos humanos y recuperación de la Memoria Histórica».