La «independencia» de pueblos catalanes acabará en los juzgados

Algunos municipios catalanes han decidido por su cuenta ir más allá del plan secesionista del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que plantea una «consulta» para 2014 para que los catalanes se pronuncien sobre su permanencia en España, a pesar de conocer perfectamente que esa iniciativa no es legal y de que el Ejecutivo ha anunciado que adoptará las medidas necesarias para evitar el incumplimiento de la Ley. Directamente, más de un centenar de consistorios de esa comunidad autónoma han decidido declarar su «independencia» de España, a través de acuerdos adoptados en los correspondientes plenos municipales.

Es un gesto rupturista con la legislación vigente que, aunque en la realidad no tenga ningún efecto práctico, sí supone situarse por encima del ordenamiento jurídico vigente.

Por ello, la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, ha decidido no permanecer impasible ante esos pronunciamientos de «independencia» por parte de ayuntamientos catalanes de la importancia como Vic, Tortosa, Valls, Vilafranca del Peneds, Igualada o Ripoll.

Esta iniciativa, que surgió en Sant Pere de Torelló (Barcelona) se enmarca en la línea emprendida por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, de avanzar en la celebración de una consulta de autodeterminación.

En concreto, los servicios jurídicos del Estado prevén interponer en las próximas semanas los correspondientes recursos contenciosos-administrativos contra las resoluciones de los plenos de esos ayuntamientos que han aprobado mociones para declararse «territorio catalán libre», según informaron a Ep fuentes gubernamentales.

La primera de estas actuaciones tuvo lugar la semana pasada, cuando los servicios jurídicos del Estado presentaron un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno de Celrá (Girona), que aprobó una moción en este sentido el pasado 18 de septiembre.

Con esa iniciativa, la Abogacía del Estado pretende que los correspondientes juzgados de lo Contencioso-Administrativo declaren la nulidad del acto impugnado, al considerar que los acuerdos de proclamar esos municipios como «territorio catalán libre» están fuera de las competencias que tienen reconocidas los ayuntamientos.

Antecedentes

No será la primera vez que los servicios jurídicos del Estado tengan que actuar contra decisiones de ayuntamientos catalanes. Así, a finales de 2009, se impugnó la decisión del consistorio de Arenys de Mar de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña y de ceder una sala del mismo para instalar las urnas.El Juzgado declaró ilegal el acuerdo adoptado en el pleno del Ayuntamiento al considerar que invadía «manifiestamente competencias reservadas exclusivamente al Estado por la propia Constitución», ya que «la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum».

Es el mismo argumento que esgrimirá la Abogacía del Estado contra la «consulta» que pretende celebrar Mas en 2014.