La Infanta podrá no ir a todo el juicio si no le aplican la «doctrina Botín»

El tribunal sopesa eximir a varios acusados de asistir a toda la vista si sus defensas lo piden

El tribunal del «caso Nóos» parece dispuesto a permitir –como ha sucedido en otros juicios de similares características en la Audiencia Provincial de Palma– que varios de los 18 procesados no tengan la obligación de estar presentes en todas las sesiones de la vista oral. Algunos abogados de las defensas ya sondearon el pasado 23 de octubre a la Sala –entonces presidida por el magistrado Juan Pedro Yllanes, diputado electo por Baleares tras su «fichaje» in extremis por Podemos– sobre esa posibilidad, y el tribunal se mostró dispuesto a estudiar sus peticiones al respecto. Una posibilidad que podría beneficiar a la Infanta Cristina si, finalmente, las magistradas deciden no aplicarle la «doctrina Botín» y la mantienen en el banquillo de los acusados. Para eso, no obstante, sus abogados deberían dar el primer paso y trasladar a la Sala esa petición.

Ese 23 de octubre (cuando la Sala celebró una reunión preparatoria del juicio, para cuestiones de orden, con las representaciones de todas las partes), el principal argumento de los letrados para pedir que se exima a sus defendidos de asistir personalmente a todo el juicio hizo referencia a la duración de la vista oral, que se prevé se prolongue hasta el próximo junio, y, en algunos casos, a sus compromisos laborales. «A la Sala en ningún momento le pareció descabellada esa solicitud y se mostró dispuesta a estudiarla dado que se trata de un juicio muy largo», apuntan fuentes próximas al tribunal. Sobre todo, porque existen sobrados antecedentes al respecto en las islas y, en algunos casos, con integrantes del tribunal del «caso Nóos». Según recuerdan las fuentes consultadas, así sucedió sin ir más lejos en el juicio del «caso Scala» –que terminó con la condena a 16 años de cárcel del ex conseller de Comercio del Gobierno balear Josep Joan Cardona por delitos de corrupción–, en el que la magistrada Rocío Martín (integrante del tribunal del «caso Nóos») formaba parte de la Sala, y en recientes procesos a dirigentes de Unió Mallorquina (en este caso juzgados por la sección segunda de la Audiencia de Palma).

«Normalmente es por motivos laborales, pero tampoco hace falta plantear motivos muy trascendentes», aseguran esas mismas fuentes, que añaden que si finalmente la defensa de Doña Cristina da ese paso (siempre y cuando, claro, el tribunal no le aplique la «doctrina Botín», lo que la dejaría automáticamente fuera del procedimiento), no tendría nada de extraordinario «si no fuera porque se trata de la Infanta».

Los 18 procesados, eso sí, deben estar presentes durante las declaraciones de todos los acusados y asistir al trámite del derecho a la última palabra previo a que la causa quede vista para sentencia. En su ausencia, los acusados a los que se permita ausentarse de la vista oral siempre tendrán que estar representados en la sala por su defensa o, en su caso, por los letrados que los representen en ausencia de sus abogados.

Primera baja en el croquis

A apenas 72 horas del comienzo de la vista, quienes han tenido que cambiar de abogado in extremis han sido los ocho concejales socialistas del Ayuntamiento de Valencia que ejercen la acusación popular. Su letrada, Sandra Gómez (que ya tenía un asiento asignado en el croquis de la sala que facilitó la Audiencia de Palma hace unos días), presentó ayer mismo su renuncia. Los ediles socialistas ya le han buscado sustituto: será el letrado Eduardo Vila quien los represente finalmente.

Torres no tiene ni para el viaje a Palma

El ex socio de Iñaki Urdangarín en el Instituto Nóos, Diego Torres, se ha quejado al juez José Castro –instructor del procedimiento– de que no tiene dinero ni para costearse el viaje a Palma para asistir al juicio. Torres ha remitido un escrito al magistrado en el que le insta «con carácter muy urgente» a hacer efectivo el desbloqueo de parte de los 900.000 euros de una cuenta de Luxemburgo que Castro le embargó para hacer frente a la fianza civil. «Habiéndose agotado las existencias», se queja su abogado, Manuel González Peeters, es «imperiosa», recalca, «la entrega del dinero pendiente», pues «no es posible» atender a los gastos de «desplazamiento, estancia y alimentación» que acarrea el juicio (la esposa de Torres, Ana María Tejeiro, también está imputada). Castro contestó en un auto el pasado martes que «ya estaba acordada la entrega» el pasado 18 de diciembre, pero la defensa de Torres volvió a la carga ayer con otro escrito. «Ello no es así», enmienda al magistrado, por lo que reclama a Castro que reitere la orden del desbloqueo de la cuenta bancaria. Si sus clientes no tienen ni para pagar la hipoteca o impuestos, asegura, «con mayor razón carecen de la posibilidad» de costearse los gastos de un juicio de cinco meses en Palma y los «mínimos» derivados de su defensa jurídica.