La iniciativa popular sobre toros y desahucios costó 655.000 euros

Desde el pasado martes, en los pasillos del Congreso, especialmente en los «corrillos» de la bancada popular, se habla y mucho de las dos Iniciativas Legislativas Populares (ILP) que esta semana han recibido luz verde para que empiecen a andar en el Parlamento: la que apoya a la Fiesta Nacional y la que recoge medidas contra los desahucios.

Desde el pasado martes, en los pasillos del Congreso, especialmente en los «corrillos» de la bancada popular, se habla y mucho de las dos Iniciativas Legislativas Populares (ILP) que esta semana han recibido luz verde para que empiecen a andar en el Parlamento: la que apoya a la Fiesta Nacional y la que recoge medidas contra los desahucios. Y es que el Pleno del martes, que autorizó su tramitación, supuso un coste extraordinario para las arcas del Estado de nada más y nada menos que 655.000 euros. A partes iguales esta cantidad se la repartirán la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la constituida en defensa de los toros, con Luis María Gibert al frente de la misma. Da igual que al final las dos ILP «mueran» a lo largo de su tramitación parlamentaria, porque lo que dice la ley vigente es que basta con que sea aprobada su tramitación para que haya esta importante compensación económica por los posibles gastos ocasionados a sus promotores, con independencia de en qué termine todo.

Este abono, que tendrá que ejecutar la Junta Electoral Central (JEC), está amparado en el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/1984 de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, modificada por la Ley Orgánica 4/2006, y que prevé el resarcimiento por el Estado de los gastos realizados en la difusión de las proposiciones y la recogida de firmas de las Iniciativas Legislativas Populares cuando hubieren alcanzado su tramitación parlamentaria. En el apartado segundo del citado artículo se establece que «los gastos deberán estar justificados en forma por la Comisión Promotora». Y se dice también que la compensación estatal no excederá, en ningún caso, los 300.000 euros. «Esta cantidad tiene que ser revisada anualmente por los órganos de gobierno de las Cámaras de las Cortes Generales con arreglo a las variaciones del Índice de Precios al Consumo», añade.

Para cumplir con ese precepto legal, las Mesas del Congreso y del Senado, en reunión conjunta, acordaron el pasado 25 de enero de 2012, al arranque de la nueva Legislatura, que la cuantía de la compensación estatal para las Iniciativas Legislativas Populares, cuando alcancen su tramitación parlamentaria, ascienda a 327.894 euros. La austeridad y los recortes del gasto público no han afectado a esta partida que nació de origen ligada al IPC.

La ley vigente ampara estas indemnizaciones para la Plataforma de Ada Colau y para la que pretende blindar la Fiesta de los toros a nivel nacional. Pero esto no quita para que se haya animado un intenso debate con varios argumentos. En relación al segundo caso, hay quienes desde las propias filas populares apuntan que este desembolso en tiempos de durísimas estrecheces podría haberse ahorrado si el Grupo Popular hubiera hecho suya la iniciativa y la hubiera liderado en la Cámara. La polémica dentro del PP es más encendida en el caso de la ILP contra los desahucios. Dicen que la decisión de admitirla a trámite en el último momento no rebajará la presión y las «protestas» del movimiento que lidera la catalana Ada Colau. «Y encima para que al final no haya más remedio que "vaciar", o dicho de otra manera, modificar sustancialmente los planteamientos de esa ILP porque son inviables tal y como están planteados sin perjudicar al principio de la seguridad jurídica ni encarecer ni detraer aún más el crédito», explican.

En líneas generales, la propuesta de la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca plantea la moratoria de todas las ejecuciones hipotecarias, la dación en pago retroactiva y un parque público de viviendas de alquiler social. Los dos primeros puntos, tal y como están recogidos en la ILP, no serán aprobados. Aunque desde el Grupo Popular insisten en que harán todos los esfuerzos que estén en sus manos para buscar acuerdos y ampliar de manera efectiva y con carácter urgente las ayudas a todos los hipotecados a los que la crisis ha dejado en una situación de especial vulnerabilidad.

En relación a la negociación con el movimiento que encabeza Ada Colau, el Partido Popular sostiene que les ha tendido «generosamente» la mano y que incluso pudieron estar a punto de convencerla para que aceptase refundir su texto con la iniciativa que el Gobierno había llevado al Congreso y que ya estaba en tramitación. Según el PP, su abogado fue determinante para que, al final, no se llegara a un acuerdo.

El «sí» de la dirección a la ILP se ha visto dentro de la bancada popular como una decisión en la que han faltado reflejos para anticiparse a los acontecimientos, con el riesgo añadido de que pueda sentar un precedente ante los movimientos sociales más contestatarios con la gestión del Ejecutivo.