La Intervención avisó a la cúpula de la Junta del «vacío de control» en los ERE

La utilización irregular de las transferencias de financiación para pagar subvenciones es el principal motivo que sustenta la imputación de la ex consejera y ex ministra Magdalena Álvarez. La teoría de la jueza Mercedes Alaya está avalada por la opinión de la Cámara de Cuentas de Andalucía y por la Intervención General. De ahí se deriva la posible responsabilidad de la Consejería de Economía y Hacienda, departamento que anualmente elabora el Presupuesto y por el que pasan las modificaciones presupuestarias que, en el «caso de los ERE», sirvieron para aumentar el «fondo de reptiles».

En las diligencias remitidas por la UCO a la magistrada el pasado jueves se incluyen los testimonios de varios responsables de la Intervención que censuran la manera de actuar de los responsables políticos andaluces. Es el caso del encargado del control en las empresas públicas, Ignacio R. que define el sistema instaurado como «un vacío de control». Y advirtió de que el uso irregular de transferencias de financiación se continúa haciendo «a día de hoy» –la declaración se produjo el 28 de junio de 2012–. De hecho, la Guardia Civil informó la semana pasada a la jueza que prepara un nuevo informe sobre «posibles irregularidades» en la Junta de Andalucía en otros departamentos que han utilizado el mismo patrón para la concesión de ayudas. En el «caso de los ERE», el mecanismo consagró la opacidad y discrecionalidad en la concesión de subvenciones. Y de ello fue advertida por Intervención incluso la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, según los testimonios recogidos por la Guardia Civil.

El dinero de Empleo pasaba a una empresa pública que dependía de la Consejería –IFA/Agencia IDEA– bajo un epígrafe genérico destinado a la financiación regular del ente. En realidad, la cantidad era muy superior a la necesaria, porque serviría para dar las ayudas a empresas y pagar prejubilaciones. La Consejería de Empleo dictaba órdenes de pago a su empresa pública en beneficio de terceros, sin que hubiera rastro de esas ayudas, que no figuraban como subvenciones en la contabilidad de la Junta; no había órdenes públicas para acceder a ellas, ni se publicaban tampoco en el Boletín Oficial de la Comunidad. «Lo normal para dar ayudas a empresas en crisis hubiera sido haber hecho una norma reguladora. A dichas ayudas podrían haber concurrido todas las empresas en crisis en Andalucía», declaró el ex Interventor General de la Junta entre 1991 y 2000 Eduardo L. a los agentes de la Guardia Civil. No se hizo. Y el departamento de Magdalena Álvarez y luego de José Antonio Griñán conocía este procedimiento.