La investigación sobre Cifuentes se reduce a falsificación documental en la defensa del trabajo fin de máster

La magistrada ha concluido que la investigación sobre la ex presidenta de la comunidad de Madrid debe limitarse a un delito de falsedad, en relación la defensa del trabajo fin de Máster que curso en la Rey Juan Carlos.

La magistrada de Madrid Carmen. Rodríguez ha concluido que la investigación sobre la ex presidenta de la comunidad de MadridCristina Cifuentes debe limitarse a un delito de falsedad, en relación la defensa del trabajo fin de Máster que curso en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es este procedimiento esta investigado también, entre otros, el que fuera director del Máster, el catedrático Enrique Álvarez Conde. En un principio se investigaba también si Cifuentes podría haber incurrido en los delitos de prevaricación y cohecho impropio.

Por otro lado, la magistrada ha archivado la causa donde aparecía Pablo Casado, después de que el Tribunal Supremo concluyese el pasado viernes que no incurrió en delito alguno respecto a la obtención de su máster. Esta decisión afecta a los tres alumnos que figuraban como investigados en esa misma pieza por los delitos de cohecho impropio y prevaricación.

Rodríguez-Medel archiva la causa de prevaricación y cohecho para los 19 investigados, de manera que cierra la pieza C de Casado y reduce la pieza principal únicamente al delito de falsedad. De esta forma, continuarán como investigados las personas involucradas en relación al trabajo de fin de máster que Cristina Cifuentes defiende haber realizado y presentado ante un tribunal, pero cuyo acta de evaluación fue presuntamente falsificado.

¿Quiénes son los investigados?

Además, de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, los otros investigados son el exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álvarez Conde -investigado en otro juzgado por supuesta malversación de fondos del Instituto-, dos profesoras del tribunal, Cecilia Rosado y Alicia Lópezde los Mozos y la exasesora de la expresidenta regional María Teresa Feito.

Para la jueza, el informe del teniente fiscal del Supremo Luis Navajas y el auto del alto tribunal "son determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".

La jueza carga contra el Supremo

La magistrada ha cargado contra el Supremo por no considerar relevante el "punto neurálgico de esta instrucción"que no es otro que "acreditar indiciariamente la existencia de actividad académica" ya que si esto era así, no sólo no había cohecho para el alumno (puesto que no había regalo) sino que tampoco habría prevaricación del profesor (pues tiene libertad de cátedra para elegir cómo calificar).

Es por ello que no comprende que el Supremo vea innecesario oír como investigado a Casado y requerirle para que aporte el ordenador donde tenía los trabajos acreditativos de haber realizado el máster, ni tampoco se plantee la opción de citarle como testigo para colaborar con la Justicia y esclarecer si había responsabilidad penal en el presunto cabecilla de la trama, Enrique Álvarez Conde.

Y como el Supremo considera que la clave de la causa está en acreditar indiciariamente la existencia de un concierto previo o coetáneo para prevaricar, la jueza entiende que la decisión sobre Casado debe aplicarse al resto de alumnos investigados y "lógicamente"a los profesores, ya que la Sala no aprecia indicios consistentes de un regalo concertado entre alumno y profesor por no ir a clase sino más bien "un mero trato de favor".

Sí que recuerda, no obstante, la declaración de María Dolores Cancio, profesora de la URJC, que reconoció que Álvarez Conde le regaló el título sin hacer nada, a quien da "credibilidad"pero cuyas palabras ahora no pueden ser tenidas en cuenta porque ni el Supremo ni la Fiscalía hicieron referencia a ellas.