La Junta desoyó un informe de la Intervención sobre el fondo de autónomos

La gestión de la Junta de Andalucía respecto a los incentivos para autónomos ha estado plagada de irregularidades, tal y como apunta el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del que ha informado este periódico. Falta de control, de evaluación del impacto de 356 millones de euros transferidos entre 2007 y 2013, vulneración de la Ley de Subvenciones, falta de justificación de 115 millones cuyos expedientes están próximos a caducar... El máximo órgano de control externo de la Administración autonómica describe un desmán general del que se pueden deducir responsabilidades contables. Y llueve sobre mojado porque otro informe de la Cámara de Cuentas sobre las políticas de formación profesional para el empleo ya acabó en los tribunales.

Uno de los aspectos en los que se centra el voluminoso trabajo de la Cámara de Cuentas es en el engranaje administrativo articulado por la Junta para trasladar la gestión de esta voluminosa bolsa de incentivos a un órgano externo. Hay paralelismos evidentes con el caso de los ERE. Porque igualmente se desplazó la gestión fuera del ámbito de la Consejería titular de las competencias, con lo que se debilitó la labor de fiscalización de la Intervención General –el máximo órgano de control interno– empobreciendo por tanto la función interventora; y una vez más el órgano que se eligió fue la agencia IDEA, ente que se encargó también de pagar las ayudas del «fondo de reptiles» y centro de otros escándalos como Invercaria.

Esta externalización produjo, en cualquier caso, tensiones entre la Junta de Andalucía y la Intervención General, que emitió un informe de disconformidad sólo aceptado parcialmente.

Las competencias de autónomos vascularon entre las consejerías de Empleo y de Innovación. Tras tomar Griñán en abril de 2009 los mandos de la Junta y hacer su primera crisis de gobierno Empleo vuelve a retomar la gestión de las políticas de autónomos, pese a que sólo un mes antes Innovación había aprobado una orden para regular los incentivos del trabajo autónomo entre 2009 y 2013. En esa orden se delegaban las competencias para la «resolución y tramitación» en la agencia IDEA.

La Intervención General de la Junta emitió en octubre un informe de fiscalización de disconformidad. Hacía dos observaciones. La primera, pedía al gabinete jurídico de la Junta un informe para que la Consejería de Empleo dictara una orden en la que estableciera de forma expresa la delegación de competencias en la agencia IDEA. Y, en segundo lugar, respecto a un borrador del Consejo de Gobierno, instaba a que se sustituyera la referencia al artículo 105.3 de la Ley de Administración de la Junta Andalucía por los artículos 19.1 y 4 de la Ley del Presupuesto andaluz de 2009 al no ajustarse «al tipo de encomienda de gestión que se propone».

El matiz no es menor. El artículo 19.1 de la Ley de Presupuestos, sobre «gestión y control presupuestario», señala que «se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar cualquier tipo de expediente de gasto cuyo importe global sea igual o superior a 12 millones de euros».

La Consejería de Empleo se atuvo a la recomendación y aprobó la nueva orden, de 9 de noviembre de 2009. Y el 22 de diciembre el Consejero de Gobierno autorizó la encomienda de la gestión a la agencia IDEA.

Sin embargo, la Junta siguió excluyendo las alusiones a los artículo 19.1 y 4 de la Ley del Presupuesto –que implicaba la autorización por parte del Consejo de Gobierno de gastos superiores a los 12 millones de euros– en el resto del trámite administrativo, tal y como instó la Intervención General en su informe de disconformidad, donde reseñó que «esta deficiencia debe subsanarse en los demás documentos que forman parte del expediente».