La Junta no entrega al TSJA los expedientes de los ERE

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumba de nuevo la paralización del pago de las prestaciones por el ERE de 2003 en Mercasevilla para otro de los prejubilados señalados como «intrusos» y vuelve a poner en evidencia todo el procedimiento, al tiempo que insta a actuar contra el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero –cuyo abogado renunció ayer– y el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. El Alto Tribunal critica la opacidad de la Administración, al no remitir los expedientes de los ERE.

A Pepe Díaz, Joaquín Gómez, Pedro Viruez, Antonio García y Manuel Velázquez les fueron a buscar –la dirección de la empresa y el comité, quienes ya habían negociado con la Administración y las aseguradoras– para que aceptaran formar parte del ERE de 2003 de Mercasevilla, a pesar de no haber cumplido aún los 50 años. Las partes abrieron el cupo para las prejubilaciones en 64 años y, ante la imposibilidad de alcanzar un mínimo para el ERE fueron bajando la edad. La Junta –la misma que según la juez «consintió» un sistema irregular que se convirtió en «un verdadero negocio», con comisiones fuera de mercado, sólo en este ERE se ha detectado un millón como «gasto externo» y alrededor de 1,8 millones en el de 2007– señaló a estos ex trabajadores, con como mínimo 20 años de antigüedad, como «intrusos» cuando estalló el escándalo, hace dos años. Rondando los 57 años se quedaron «con una mano delante y otra detrás», sin unas prestaciones que aceptaron «de buena fe» –«era el ERE o la calle» porque «había que quitar personal para el traslado»–, sin readmisión y algunos con orden de desahucio. «Nos usaron como cabezas de turco, como excusa para evitar la investigación», aseguran. El TSJA, por segunda vez –y falta la sentencia de otros tres prejubilados–, reconoce la validez de sus pólizas y pide que se actúe contra los responsables que prescindieron de la legalidad, señalando a Guerrero y Rivas.

El TSJA critica, según el fallo al que accedió LA RAZÓN, que «la autoridad laboral (delegado provincial de Empleo) habría eludido el control de legalidad del ERE, al permitir la inclusión de trabajadores que no reunían los requisitos exigidos y, por otra, porque la ayuda sociolaboral aunque pueda concederse directamente, sin publicidad y sin concurrencia, la Ley General de Subvenciones regula el procedimiento (...) y del que desde luego se ha prescindido total y absolutamente, ya que no existe el más mínimo indicio documental que la justifique». «Consta únicamente un protocolo de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y Mercasevilla, para la gestión y coordinación de las ayudas relativas a la prejubilación de los trabajadores, pero, como se ha señalado con omisión de todos los requisitos exigidos legalmente», sigue. El TSJA concluye que «los controles de legalidad que incumben a la Autoridad laboral respecto al ERE fallaron» tanto en «la autorización» como la «concesión de ayudas sin procedimiento alguno», por lo que insta a «deducir testimonio para depurar las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir el delegado provincial que aprobó el ERE (Antonio Rivas) y el director general que dio la ayuda (Francisco Javier Guerrero)». Por ello, se remiten las actuaciones a la jueza Alaya.

El TSJA critica que «la Administración no ha remitido el expediente completo como era su obligación».

Valenciano pone a Griñán como ejemplo

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, no dudó ayer en hacer una encendida defensa del presidente andaluz, José Antonio Griñán. Y lo hizo incluso poniéndolo como ejemplo de lo que debería hacer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. «Que tome ejemplo de la actitud que Griñán mantiene ante el caso de los ERE fraudulentos, y acceda a comparecer en el Congreso para explicar los casos de corrupción del PP», aseguró Valenciano, que afirmó que Rajoy ha optado por «callar, no dar la cara y obstruir a la Justicia» porque «el que se esconde es porque algo ocultará».