La Junta propone ahora pagar la defensa a los imputados inocentes

La Junta ha convertido el pago de la defensa a los responsables de la Administración imputados en los ERE en un vodevil que ha abierto incluso una grieta en los dos socios del Ejecutivo. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, aseguró ayer que ve «razonable y lógico» que la Junta abone la defensa jurídica a los altos cargos que «resulten inocentes» una vez acabe el proceso. Sin embargo, la «número dos» del PSOE a nivel nacional, Elena Valenciano, salió al paso señalando que el Ejecutivo autonómico «no pagará la defensa de los corruptos». En la misma línea, el vicepresidente andaluz, Diego Valderas (IU), se afanó en dejar claro que la Junta «no se va a hacer cargo de ninguna defensa».

La polémica saltó tras el Consejo de Gobierno del martes. El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, al ser preguntado por la intención de la Junta de abonar la defensa de la veintena de actuales y ex altos cargos de la Administración a los que ha imputado recientemente la jueza Alaya, se agarró al Reglamento del Gabinete Jurídico de la Junta: «Aquellos cargos y funcionarios de la Administración que lo sean actualmente podrán pedir el servicio o el pago de la defensa en causa judicial». La declaración propició un fuerte vaivén porque abría la puerta a pagar el abogado a imputados, como ya ocurrió con el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera.

Entrada la noche, la Junta emitió un comunicado negando que fuera a sufragar ninguna defensa de imputados. Sin embargo, ayer el ovillo volvió a liarse con un posible pago con carácter retroactivo para los que resulten inocentes. Se da la circunstancia de que uno de los 20 nuevos imputados es el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, «número dos» de Susana Díaz en la Consejería. Según el Reglamento del Gabinete Jurídico, los letrados de la Junta puede defender a altos cargos incursos en un proceso judicial, pero previo informe del mencionado gabinete jurídico y de la autorización de la titular de la Consejería. Es Susana Díaz la que tendría por tanto que dar el visto bueno a que la Junta se encargara de la defensa de Antonio Lozano. Y el viceconsejero de Presidencia, es oportuno no perder de vista el matiz, es uno de los hombres de máxima confianza del presidente andaluz. Que tenga que costearse de su bolsillo la defensa es un tema bastante incómodo para la Junta.

También es incómodo para los socios de Gobierno de IU que la Junta costee los abogados a imputados pese a estar personada en el proceso como acusación. De ahí que Valderas perciba «cierta incompatibilidad desde el punto de vista político».

Por su parte, la vicesecretaria de Empleo y Economía del PP andaluz, Carolina España, pidió ayer a la Junta de Andalucía que abandone la acusación en el «caso de los ERE» «si quiere defender a los imputados». «Les exigimos que acaben con esta farsa», deslizó. «Se trata de una decisión política y el Gobierno andaluz tiene que retratarse con claridad y tiene que decidir si quiere ser defensa o acusación, si quiere ser defensa de los imputados en el «caso de los ERE» o si quiere estar al lado de los andaluces», abundó España. El Gobierno andaluz no aclara si actualmente le está pagando la defensa a algún alto cargo imputado.