La Junta usó argucias legales para evitar la fiscalización de los cursos

El máximo órgano de fiscalización interna de la Junta, la Intervención General, tiene un papel puramente residual en el control de las subvenciones para formación. Esta importante línea de ayudas está bajo sospecha, rodeada de irregularidades, como lo demuestran los múltiples frentes abiertos. La Policía Nacional está actualmente investigando un fraude millonario en cursos de formación. Al mismo tiempo, hay abierta una causa judicial por las irregularidades contables del sindicato UGT-A. La juez Mercedes Alaya también abrió en septiembre de 2013 una pieza separada aún bajo secreto de sumario, derivada asimismo de los pagos para cursos a empresas tapadera de la trama de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. No se ha producido la falta de transparencia del «caso de los ERE». Las ayudas sí siguieron esta vez un procedimiento y se publicaron en el BOJA. Lo que sí se produjo fue una llamativa falta de control en la justificación de los gastos, denominador común de todas las causas abiertas en torno a la formación.

El papel de la Intervención General en el control de subvenciones viene claramente delimitado en el artículo 40 del Reglamento de este órgano dependiente de la Consejería de Hacienda, aprobado en 1988. Son las direcciones generales correspondientes de la Consejería o, en su caso, las delegaciones provinciales, las encargadas de comprobar que efectivamente la justificación de las subvenciones es el adecuado.

Estos órganos remiten a la Intervención una «certificación acreditativa de la aplicación de la subvención a las finalidades para las que se concedió». Y, sólo si la Intervención detecta algún tipo de anomalía en el certificado que elabora la Consejería, podría «requerir documentación». Esta petición extra de información se ha producido en alguna ocasión, pero de forma muy excepcional.

La Intervención General no tiene por tanto ningún tipo de función preceptiva en la fase final de control. Ni el Reglamento que regula su funcionamiento establece un mecanismo claro para desarrollar su función fiscalizadora. Los interventores participan en el proceso de concesión de la ayuda y hasta que se produce el primer pago, que suele ser del 75 por ciento, según establece la orden de 2009 que regula las subvenciones para la Formación Profesional para el Empleo. A partir de ahí el proceso escapa a su control y es casualmente entonces cuando se ensanchan los agujeros administrativos que dan lugar a que se produzcan las irregularidades. Tanto es así que una de las anomalías que investiga la Policía Nacional es que algunas de las empresas integrantes de la «trama Edu» cobraban el primer 75 por ciento y, sabedoras de que los expedientes no eran examinados, malversaban el dinero sin ni siquiera pedir el 25 por ciento restante. En otros casos, como avanzó LA RAZÓN, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las delegaciones provinciales firmaron resoluciones para exonerar a entidades concesionarias del cumplimiento «en tiempo y forma» de la justificación de las subvenciones.