La ley de símbolos del PP sancionará a las administraciones que no retiren los lazos

No apoyará ninguna propuesta de reforma del Estatut que implique dar más competencias a la Generalitat.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Dolors Montserrat, ha reivindicado este martes en el Congreso “una Cataluña de todos” en el marco de la Proposición de Ley del PP de convivencia social, neutralidad institucional y defensa de los símbolos nacionales que su formación presenta hoy en la Cámara Baja.

En declaraciones a los medios en el Congreso antes de reunirse la Junta de Portavoces, la dirigente popular ha observado que en estos tres meses de Gobierno de Pedro Sánchez “hemos podido comprobar que la escalada de la ruptura de la convivencia en Cataluña se ha elevado”. “Un deterioro de la convivencia en Cataluña”, ha subrayado la portavoz popular, “donde vemos que el único objetivo de la hoja de ruta de Quim Torra es romper España y la convivencia en Cataluña”.

Ante esta situción de ruptura de la convivencia que se viene produciendo en Cataluña, Montserrat ha censurado que “Pedro Sánchez esté desaparecido”. “No está ni se le espera en la defensa de la convivencia”, ha criticado, de ahí que el PP, que “defiende la convivencia en Cataluña”, haya presentado hoy martes una ley de convivencia social, de neutralidad institucional y de defensa de los símbolos nacionales “donde decimos bien alto y bien claro que los espacios públicos y las instituciones públicas son de todos, que Cataluña es de todos”, ha vuelto a remarcar.

Para que esto sea posible, la iniciativa del grupo parlamentario popular defiende que “las autoridades públicas mantengan la neutralidad y la objetividad de los espacios y las instituciones públicas”, acorde con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TSJ de Cataluña que “recoge” dicha Proposición de Ley, de manera que no se incurra en una parcialidad que acabe por “excluir a una parte de la sociedad”.

Y es que Cataluña dominará la agenda política y parlamentaria del PP en las próximas semanas. El líder popular, Pablo Casado, reunió ayer a su Comité de Dirección y las inmediatas líneas de actuación se sostienen sobre el principio de contraprogramar la ofensiva independentista en la calle con una híper presencia en esa comunidad, sobre todo acción sectorial, pero también con una batería de medidas legislativas, según confirmaron fuentes solventes.

El PP va a hacer que se hable de Cataluña en el Congreso y en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Y desde la oposición al Gobierno, y también a Ciudadanos, pretende obligar a los partidos «a retratarse» en cuestiones tan señaladas como la anunciada Ley de Símbolos, pero con el añadido de que el debate de esta iniciativa parlamentaria se convertirá en una discusión sobre la exigencia de neutralidad en los espacios públicos catalanes, y, por ende, sobre los lazos amarillos y su retirada.

La Ley de Símbolos viene coleando desde la era Rajoy, sin que el PP diese hasta ahora el paso para convertirla en iniciativa parlamentaria. Con la nueva dirección popular, es cuestión de días. Génova justifica su movimiento: «Democracia representativa vs populismo. Una cosa es una foto y otra que los poderes públicos actúen de verdad para impedir el abuso independentista en espacios públicos, ya sean lazos o banderas independentistas en las rotondas».

En el Congreso, el PP tiene mayoría en la mesa de la Cámara junto con Cs. Y el problema, es la intención del PP, lo puede tener el PSOE cuando tenga que retratarse ante una propuesta que a nivel nacional cuenta posiblemente con el apoyo mayoritario de sus votantes, pero no de sus socios de censura.

La Ley de Símbolos implicará sancionar a Ayuntamientos y Administraciones que no retiren los lazos y símbolos independentistas en el ámbito público. Además del respeto al himno y al Rey.

Asimismo, preparan una ofensiva de preguntas al Gobierno sobre la fiscalización de las cuentas de la Generalitat, la apertura de las pseudoembajadas o el trato de favor en las cárceles a los políticos independentistas. A esto se une la oficina de denuncias para los ciudadanos amenazados o intimidados durante la retirada de lazos, que ya ha puesto en marcha el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona (con Alberto Fernández) con la misión de «asesorar a los ciudadanos». El problema independentista amenaza con convertirse en un calvario para el PSOE en el Congreso por esta presión del PP, y también por la que ejercerá Cs. Mientras que en el Senado el Gobierno socialista va a tener que enfrentarse a la demanda de requerimientos al president, Quim Torra, dentro del proceso previo a una nueva puesta en marcha del artículo 155.

Por otra parte, el PP anunció ayer que votará en contra de cualquier propuesta dirigida a ampliar el autogobierno en Cataluña. También se opone a una reforma del Estatut, iniciativa con la que coquetea el PSOE con el pretexto de recuperar los artículos tumbados en su día por el TC de aquella polémica reforma impulsada por el Gobierno de Zapatero con el apoyo del «tripartito». Las declaraciones de ayer de Pedro Sánchez, en la Cadena Ser, fueron replicadas por Casado. Sánchez habló de referéndum sobre autogobierno, pero el PP asegura que no hay margen para ampliarlo ni para descentralizar más competencias. Y seguir jugando a la «ambigüedad», puede llevar «al error de enmascarar un referéndum de autogobierno con uno de autodeterminación».

Casado se reunió ayer con representantes de jueces y fiscales para analizar la situación del juez Pablo Llarena, instructor de la causa en el TS contra los líderes independentistas. La imagen de la reunión fue otro reproche a lo que el PP entiende como dejación de funciones del Ejecutivo en la defensa de la independencia de jueces y fiscales. «Vamos a estar en Cataluña más que nunca», sentencian. Y el pistoletazo de salida será ruidoso: el sábado Casado se lleva a Barcelona a la Junta Directiva Nacional. En Cataluña el PP parte de muy abajo tras los malos resultados en las autonómicas, y la competición con Cs les deja poco espacio. En Génova son conscientes, pero miden que Cataluña es una plataforma del mensaje a nivel nacional. «Nuestro objetivo es seguir visualizando la diferencia entre el legítimo Gobierno del PP y el de Sánchez y sus hipotecas».