La Policía cerca al hombre

El cerco para identificar al autor de la grabación de la declaración de la Infanta Cristina el pasado día 8 se estrecha. Según ha sabido LA RAZÓN, las últimas investigaciones de la Policía apuntan supuestamente al abogado Francisco Carvajal y no a la letrada María del Carmen Jiménez –las sospechas recayeron en ambos desde el principio–, y podría haber novedades en los próximos días. Los dos acudieron al interrogatorio en representación del bufete de Javier Saavedra, abogado de Robert Cockx, supuesto testaferro de Iñaki Urdangarín.

En este sentido, las pesquisas en marcha buscan determinar por qué motivo fueron ellos y no el propio Saavedra quienes acudieron a presenciar el interrogatorio que el juez José Castro realizó a la Infanta por su participación al 50% en la sociedad Aizoon.

Aunque se había especulado con que la grabación de los primeros veinte minutos de la declaración de Doña Cristina se había hecho con toda una serie de artilugios propios de una película de espías –bolígrafos, relojes o gafas con microcámaras–, parece que se usó para ello un pisacorbatas o el botón de una chaqueta con minicámara incorporada, según las fuentes consultadas por este periódico.

Esta conducta podría constituir un delito de desobediencia a una resolución judicial, por cuanto el juez Castro había prohibido que ninguna persona, durante la declaración de la Infanta, accediera al interior del edificio judicial con móviles, tabletas, portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos. Incluidos él mismo y el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach.

El magistrado buscaba asegurar con esta medida que ninguna grabación se obtuviera «fuera de los cauces habilitados para ello», esto es, el registro del audio por parte del propio juzgado. Toda vez que tal precaución se ha sorteado de manera subrepticia, el desacato podría conllevar la apertura de un expediente sancionador por parte del Colegio de Abogados en el que esté inscrito el autor de los hechos o su expulsión, además, a nivel penal, de ser castigado con pena de multa e inhabilitación (por una duración de 3 a 12 meses). Aún más grave es el delito de revelación de secretos para el profesional que incumpla «su obligación de sigilo o reserva», por cuanto conlleva aparejada una pena de prisión de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para su profesión «por tiempo de 2 a 6 años».

Mientras, el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma de Mallorca investiga la grabación y difusión del vídeo junto con la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía Judicial para determinar quién colgó las imágenes en la plataforma de internet Wouzee. Dificultades técnicas y la complejidad de manejar cierta información en la web están retrasando este punto (resulta muy sencillo enmascarar una dirección IP o subir un vídeo a la red desde un ordenador de uso público).

El titular del juzgado, Manuel Penalva, remitió un requerimiento a Wouzee para que facilitara cuanta información tuviera sobre la persona o personas que registraron y divulgaron las imágenes desobedeciendo la prohibición expresa del juez del «caso Nóos», José Castro. Algunos magistrados han mostrado su extrañeza porque éste no bloqueara la web de manera inmediata, con el fin de minimizar el perjuicio a los afectados, a él mismo y a la declarante, la hija menor del Rey. La repercusión habría sido menor si no hubiera esperado al día siguiente. Ahora, el culebrón para poner nombre al «espía» que grabó en la sala aquel sábado tiene las horas contadas.

Efecto espejo para despistar

Tras el análisis de las imágenes, los agentes se percataron de que la grabación se «manipuló con un efecto espejo para que no se sepa de dónde se ha realizado la toma». Así, aunque la pantalla en la que se exhibían los documentos estaba a la derecha del juez Castro, en la grabación de 5:19 minutos figura al lado contrario. Con la misma intención «se alteró la secuencia de voces».