La punta de un iceberg de irregularidades

Al traste se han ido décadas de aparente inmunidad de la UGT. Nunca antes esta central sindical se había visto en otra. Día a día salen nuevas informaciones que tiran por tierra su labor como representación de los trabajadores. La dimisión del secretario general de UGT-Andalucía, Francisco Fernández, parecer ser sólo la punta del iceberg. Pero todo indica que la central sindical de Cándido Méndez ha llevado a la práctica durante décadas un sistema de financiación cuestionable desde el punto de vista legal. Prueba de ello es que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene sobre la mesa una denuncia del sindicato de funcionarios Manos Limpias por presunta financiación irregular del sindicato.

Pero las sospechas en uno de los dos sindicatos mayoritarios vienen de lejos. La jueza Mercedes Alaya fue la primera en poner sus miras sobre la participación de los sindicatos en el «caso de los ERE». Y al final también sobre sus cuentas. Porque con la documentación analizada en la instrucción y las declaraciones de varios imputados, la jueza pudo determinar que UGT y CC OO encontraron «durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular» a través de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Las centrales elegían a las mediadoras y fijaban los porcentajes con la Administración, en este caso, la Junta. Pero, a cambio, se llevaron una parte jugosa del pastel a cambio de paz social. Uniter, la mediadora del imputado José González Mata destinó 3,2 millones de euros a los sindicatos, mientras que Vitalia, la otra empresa dedicada a la intermediación, ofreció como contraprestación otros 4,2 millones.

Los ERE fueron el inicio. Y la continuación –está por ver si la puntilla– han sido los escándalos de las facturas falsas e infladas, el presunto desvío de fondos y hasta los pagos en negro de otras federaciones. El temor a que bajo las alfombras de UGT se escondan más que facturas ya debe recorrer los pasillos de la sede central del sindicato en Madrid. Como ha informados este diario a lo largo de la semana, también se han emitido facturas falsas en el Ayuntamiento de Alcorcón para cartuchos de tinta para impresoras, lapiceros o grapas e incluso un ex dirigente de UGT en Cataluña ha denunciado que le ofrecieron pagos en «B» a cambio de conseguir delegados sindicales en empresas en las que no había representación sindical. Son sólo dos ejemplos de que las prácticas irregulares en el sindicato de Méndez no se circunscriben sólo a Andalucía.