La sanción a los críticos de la reforma del aborto puede rondar los 600 euros

La amonestación se equipara a la de Villalobos por hacer guiños a la ley

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en una imagen de archivo
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en una imagen de archivo

El Gobierno hizo ayer su último llamamiento al consenso interno en relación al aborto ante la votación de hoy en el Pleno del Congreso de la proposición del Grupo Popular que limita la reforma de la ley de plazos del PSOE a la enmienda del apartado que permitía que las menores pudieran abortar sin consentimiento de los padres. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, insistió en el mensaje de que esta reforma legislativa puede ser «enriquecida con otras visiones», con voluntad de consenso y compresión, y «sería bueno que votemos todos juntos al final». De momento, hay cuatro diputados que han insinuado su negativa a secundar este proyecto por entender que no se ajusta al programa electoral ya que no deroga la «ley Aído». La posición de la dirección del partido es justo la contraria: la de recordar que con esta proposición de ley «se cumple» el programa electoral del PP y, por tanto, en esta cuestión, «como en cualquier otra que se ajuste al programa, todos estamos obligados a aceptar la disciplina de voto». Hoy se verá cuántos se saltan esa disciplina de voto y mediante qué formula, si participando en la votación sin dar su «sí» o ausentándose.

La última semana la dirección del Grupo Popular hizo un último intento de negociación con los críticos para convencerles de que no se desmarcaran de la posición oficial. Llegaron a tantear la posibilidad de introducir una nueva modificación formal, vía enmienda, para eliminar del texto legislativo la palabra «derecho», en concreto, la alusión «al derecho a la asistencia para la práctica de la interrupción». Ésta es la única alusión –sostiene la dirección del PP– en el cuerpo de la ley a la polémica sobre si se está reconociendo el derecho al aborto. Esta enmienda no se presentará finalmente porque no ha servido para conformar a los críticos, y el Gobierno entiende, además, que no aporta nada en la medida en que «jurídicamente la ley no señala que el aborto sea un derecho». Aquellos diputados que esta tarde no asuman la disciplina de voto tendrán una sanción económica. El máximo está en los 600 euros, aunque oficialmente no se precisa cuál es el importe que se corresponde con este «incumplimiento» del reglamento interno. Sólo explican que la sanción puede ser parecida a la que en su día se aplicó contra Celia Villalobos, 600 euros, por romper también la disciplina de voto al ausentarse del Pleno durante el debate de una iniciativa de los socialistas que reclamaba al Gobierno que desistiese en su intención de reformar la Ley del Aborto, y que fue rechazada con la mayoría absoluta de los populares junto con los votos de UPN y Foro Asturias. La abstención tiene un castigo menor. La teoría dice que éste depende de las declaraciones públicas y de cómo se escenifica la ruptura.

El ministro Alonso recordó ayer que el Pleno del Congreso sólo debatirá esta tarde la toma en consideración de la controvertida reforma, y subrayó que «sería bueno que, cuando al final se apruebe la ley, entonces sí votemos todos juntos». «Esta votación es el principio, no el final, de la modificación legislativa con la que el PP quiere dar respuesta a lo que entiende que es una cuestión que concita el consenso de los ciudadanos, el hecho de no dejar solas a las menores de edad y que estén acompañadas por sus madres, por sus padres, cuando pasan por esa situación», comentó. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró en Onda Cero que en la actual legislación no existe un derecho al aborto como tal» y, en consecuencia, «no hay que derogarlo». Según argumentó frente al criterio de la doctrina tradicional del PP en esta materia, y que fue la misma que defendió Federico Trillo cuando recurrió la ley Aído en el Tribunal Constitucional, «en la ley de plazos de 2010 lo que está reconocido es un derecho de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida sexual o su actividad reproductiva».

Confirmó que la modificación que impulsa el Gobierno sigue sólo afectando a la necesidad de consentimiento paterno para las menores de edad, aunque hizo un guiño a la retórica del diálogo parlamentario. «El grupo parlamentario está abriendo el diálogo y la negociación con el resto para encontrar, si es posible, una regulación más amplia», dijo.