La vista previa al juicio a Trapero se celebrará el 5 de febrero

La Fiscalía pide para el ex mayor de los Mossos once años de prisión por rebelión

En la semana en la que previsiblemente arrancará el juicio del “procés”, la Audiencia Nacional celebrará el próximo 5 de febrero la vista de cuestiones previas en la causa por rebelión contra el ex mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, que llevará también al banquillo al que fuera número dos de Interior de la Generalitat César Puig, al ex director de la Policía autonómica Pere Soler y a la intendente Teresa Laplana por su papel en el referéndum ilegal del 1-O y en los incidentes de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía durante el registro judicial.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para Trapero, Puig y Soler una pena de once años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión por su papel en el "procés". Para la intendente Laplana, encargada del dispositivo policial durante los altercados en el registro de la sede de la Consellería de Economía el 26 de septiembre del pasado año, el Ministerio Público solicita una condena de cuatro años de cárcel por sedición y su inhabilitación durante cinco años para ejercer en la Policía autonómica.

El teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal Pedro Rubira sostienen en su escrito de conclusiones provisionales que tanto Trapero como Puig y Soler, "cada uno desde su cargo y responsabilidad se sumaron al plan secesionista poniendo a disposición de éste"a los Mossos. "Alertaban de la actuación de otros cuerpos policiales y facilitaron información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo, al tiempo que daban a estos cobertura y protección". Su relación con los líderes del "procés", dice la Fiscalía, "se manifestó de forma inequívoca".

El Ministerio Público señala a Trapero y Laplana por su “deliberada pasividad” durante los altercados durante el registro de la sede de Economía, porque “sabedores como eran de la importancia del papel que jugaban en aquel momento cooperaron de forma decisiva, consciente e intencionada"con los líderes independentistas "impidiendo el desarrollo de la diligencia judicial".

Su supuesta inacción durante esa jornada acarreó, para los fiscales de la Audiecia Nacional, la concentración durante horas de "una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil"frente a la sede de la consejería. Laplana, dice la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, fue "plenamente consciente de la necesidad de intervención y apoyo de los Mossos, desestimando, no obstante, facilitar la ayuda que le fue requerida por la Guardia Civil", pese a que la actitud de los manifestantes era "cada vez más agresiva", llegándose a concentrar unas 35.000 personas. A Trapero le reprocha que las condiciones impuestas por el líder soberanista Jordi Sánchez a la comisión judicial "fueron totalmente asumidas"porque el entonces mayor de los Mossos, "evitó poner fin al grave problema de orden público que se estaba produciendo".

Respecto al 1-O, la Fiscalía defiende que Trapero, Puig y Soler y el conseller Forn adoptaron una estrategia conjunta, “un plan de actuación fraudulento” que solo aparentó cumplir las órdenes judiciales de impedir el referéndum ilegal y que se plasmó en una “inacción y dejación de funciones” por parte de la Policía catalana.