El Ministerio de Hacienda aprieta las últimas tuercas autonómicas para acercarse lo más posible al 6,3 por ciento de déficit que Bruselas ha autorizado para España en este ejercicio. El Gobierno no descarta a estas alturas que pueda haber una desviación final de décimas, que lo eleve hasta alrededor del 7 por ciento. Pero los datos definitivos no se conocerán hasta principios del próximo año. En concreto, finales de febrero o principios de marzo, que es cuando estará ya cerrada la revisión presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas: Estado, comunidades y ayuntamientos.

España tiene que comunicar ese dato oficialmente a Eurostat, la oficina estadística europea, en abril. En el presente ejercicio, precisamente a finales de abril, Eurostat validó que el déficit público de 2011 alcanzaba la cifra del 8,5 por ciento del PIB, después de haber escrutado al detalle la deuda pública. El Gobierno socialista sostuvo hasta el final que no se desviaría más que unas décimas del 6 por ciento, pero ese 8,5 es uno de los agujeros más abultados de todas las cuentas públicas europeas. En mayo, el Gobierno lo elevó hasta el 8,91 por ciento tras conocerse que varias regiones, entre ellas Madrid, registraron un aumento de las cifras en un principio anunciadas. El reto es «tan difícil» -reconocen en el Ejecutivo- que el hecho de que finalmente se quedase cerca del 7 por ciento es una cifra administrable en la negociación con Bruselas, al menos con eso cuentan en el equipo de Rajoy.

No obstante, el Gobierno sigue haciendo esfuerzos para llegar a la meta fijada por las instituciones comunitarias. La semana que viene Hacienda publicará en su página web las ejecuciones de los planes presupuestarios que comprometieron las comunidades en abril. Es un ejercicio de transparencia que regula la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que supone dejar al descubierto quién está haciendo bien sus deberes y quién tiene todavía que mejorar.

Cataluña tiene compromisos sin ejecutar, sobre los que Hacienda está pidiendo explicaciones a la Generalitat en la negociación permanentemente abierta que mantiene con todas las autonomías, dentro del proceso de corrección de déficit excesivo. La inestabilidad política que sale de las últimas elecciones autonómicas y la amenaza de un pacto de CiU con ERC que puede hacer saltar por los aires el proceso de obligado ajuste hacen que Hacienda esté especialmente encima de las cuentas catalanas. Pero no es la única comunidad que todavía tiene capítulos de sus planes presupuestarios pendientes de realizar. Andalucía está en esa lista y también alguna que otra comunidad gobernada por el PP.

De llegarse al caso de que cerrado el ejercicio de 2011, lo que ocurrirá a principios del próximo año, siga habiendo comunidades que no están ajustándose estrictamente a sus planes presupuestarios, el Gobierno estudiará la posible aplicación de los mecanismos sancionadores que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria, atendiendo al porcentaje de desviación y al déficit del conjunto de las administraciones. El primer paso sería dirigirse al Consejo de Ministros para activar el proceso. Al margen de que paralelamente continuase funcionando el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con el que Hacienda satisface el pago de proveedores y de vencimientos de deuda. En su discurso el Gobierno mantiene viva la amenaza de esas sanciones que establece la ley y que culminan en la intervención de la autonomía, pero antes explorará todas las vías de negociación posibles con las comunidades para que éstas cumplan con sus obligaciones. «Ya dijimos que no íbamos a dejar caer a nadie. Pero ellas tienen que ser leales con sus deberes», sentencian desde el Gobierno.