Las líneas rojas, sobrepasadas

Madrid- En junio de 2012, el Tribunal Constitucional (TC) legalizó Sortu al reconocer su derecho a ser inscrito en el Registro de Partidos Políticos, tras declarar nulo el auto del Supremo que un año antes había ilegalizado la formación por considerarla heredera de Batasuna. Eso sí, la polémica sentencia establecía una serie de líneas rojas que, en caso de ser sobrepasadas, podrían dar pie a una ilegalización posterior. Desde entonces, Sortu ya ha traspasado varias.

ENSALZAR TERRORISTAS

Los magistrados sostienen que ensalzar a terroristas y presentarlos como «víctimas o héroes», sobre todo cuando tales conductas las llevan a cabo cargos públicos o se producen en actos públicos que «entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares», implica defender el terrorismo. En este sentido, dirigentes de Sortu han participado en actos de apoyo a presos de ETA. Ayer, sin ir más lejos, el coordinador del Consejo Nacional de la formación, Hasier Arraiz, y otros altos cargos participaron en una manifestación contra «el ataque a los derechos humanos» que, según sostienen, se produce en la cárcel Sevilla II.

HABLAR DE «VIOLENCIA» DEL ESTADO

El TC también ve motivos para la ilegalización en las «expresiones de equiparación de la violencia terrorista con la coacción legítima que un Estado de Derecho se reserva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando persiguen, detienen y ponen a disposición judicial a los responsables de delitos de terrorismo; y a los jueces y tribunales cuando les condenan en un proceso justo y con todas las garantías». Cabe recordar que, tras la muerte natural en París del ex jefe de ETA Francisco Javier López Peña, «Thierry», Sortu se apresuró a tildarlo de «preso político» y a criticar la «criminal política penitenciaria» de España y Francia.

LEGITIMAR EL TERRORISMO

De acuerdo con el Constitucional, otorgar al terrorismo una legitimación como medio para alcanzar «objetivos políticos» o como «chantaje» por las vías de la presión social o política resulta también una causa de ilegalización. Hay que recordar que, a mediados de noviembre, Arraiz dijo que «la izquierda abertzale no está dispuesta a realizar una lectura crítica de su pasado». «No cree necesario rechazar ni revisar su estrategia de las últimas tres décadas porque hace 35 años HB hizo una elección acertada», añadió, en alusión al rechazo a las instituciones democráticas y el apoyo al terrorismo de ETA.

EQUIPARACIÓN DE LAS «VÍCTIMAS»

El TC considera una «jutificación implícita del terrorismo» los intentos de equiparar el «sufrimiento inflingido a las víctimas de la violencia terrorista» y «el eventual efecto aflictivo asociado al cumplimiento de la pena impuesta» precisamente a los terroristas. El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, ha puesto al mismo nivel a víctimas y verdugos en alguna ocasión.

COMUNICADOS «AMBIGUOS»

El TC cree que «no resultan admisibles comunicados ambiguos y de compromiso sobre la base de una equidistancia entre el Estado y el terror».

RECHAZO A ETA CONDICIONADO

El TC critica, además, la posibilidad de supeditar el rechazo a ETA a la consecución negociada de objetivos políticos porque supone «vulnerar los principios democráticos y legitimar la violencia terrorista».

DESOBEDIENCIA LEGAL

Por último, los magistrados marcan como línea roja el hecho de incitar a incumplir leyes democráticamente aprobadas para favorecer las actividades terroristas y cualquier sostén económico de ETA.