El Govern quiere obligar a los funcionarios a desobedecer al Estado

La Generalitat les avisa de que «están obligados a cumplir las leyes vigentes en cada momento»

Lluis Llach y Raúl Romeva en el Palau de la Generalitat
Lluis Llach y Raúl Romeva en el Palau de la Generalitat

El diputado de Junts pel Sí Lluís Llach ha afirmado que los funcionarios catalanes que rechacen cumplir la ley de Transitoriedad jurídica, pendiente de aprobación por el Parlament y que prevé la desconexión del Estado, "sufrirán"y serán "sancionados", incluidos los Mossos reacios al proceso soberanista.

Pese a que el separatismo se ha esforzado por trasladar tranquilidad y seguridad a los funcionarios catalanes por el comprometido papel que deberán desempeñar en el desenlace del «procés», unas declaraciones del diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, contradijeron esta voluntad. Llach reveló que la intención de la Generalitat pasa por sancionar a aquellos empleados públicos que incumplan la ley de transitoriedad jurídica –ley que permitiría la desconexión del marco legal español– una vez se apruebe en el Parlament. «El que no la cumpla será sancionado. Deberán pensárselo muy bien. No digo que sea fácil; al revés: muchos de ellos sufrirán, porque dentro de los Mossos d’Esquadra hay sectores que son muy contrarios», dijo en un acto organizado en marzo por Òmnium Cultural en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), según publicó ayer El País.

El Govern, a diferencia de la actitud que tomó con las revelaciones que realizó el ex juez y ex senador de ERC, Santi Vidal, sobre acciones ilegales que estaba cometiendo la Generalitat para avanzar en el «procés» y que sí desmintió, en esta ocasión asumió veladamente las palabras de Llach. La portavoz, Neus Munté, no lo desmintió y afirmó que los funcionarios «están obligados a cumplir las leyes vigentes en cada momento». En este sentido, aludió a la creación de un marco jurídico que dé seguridad y «máximas garantías» en el tránsito de la legalidad estatal vigente a la catalana, que en este caso se concretaría con la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica.

En cualquier caso, evitó hablar de sanciones ya que, según ella, no se plantea un «escenario de desobediencias a esta ley», y con ello recordó al Estado y su continua insistencia con el cumplimiento de la legalidad: «Algunos nos lo recuerdan cada día». Asimismo, trató de sacudirse la cuestión y argumentó que no quiere centrar el debate en lo jurídico porque considera que es un «proceso político que requier una respuesta política».

Más explícito se mostró el compañero de filas de Llach en el grupo parlamentario de Junts pel Sí, Roger Torrent. Avaló sus afirmaciones y consideró que son una «obviedad» porque todas las leyes generan «derechos y obligaciones». Por esta razón, Torrent juzgó que «todo el mundo debe cumplir las leyes, los ciudadanos y los funcionarios», y dotó de plenas facultades al Parlament para afrontar el proceso de transición entre el ordenamiento jurídico español y el catalán: «Cualquier ley que ha sido aprobada por el Parlament tiene que ser aplicada», en alusión a las leyes de desconexión, que precisó que «hay un compromiso para que después de ser aprobadas sean ratificadas en un referéndum».

No obstante, también dejó entrever algunas lagunas legales. En este caso, no aclaró qué pasaría si se llegaran a superponer la legalidad estatal y catalana entre la aprobación de las leyes de desconexión y la celebración del referéndum, lo que podría obligar a los funcionarios a elegir entre una y otra.

Las reacciones de los afectados no tardaron en llegar. Los primeros en pronunciarse fueron los sindicatos de los Mossos d’Esquadra, que fueron citados por Llach como el colectivo más reacio a embarcarse en esta aventura, y pidieron que se deje a la policía catalana al margen del «debate político». Asimismo, reclamaron que no se «instrumentalice políticamente» y alegaron que el «choque de legalidades no existe. Es una invención política sin fundamento». Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sostuvo que se opondrá a cualquier decisión, sanción o represalia contraria al ordenamiento jurídico que puedan sufrir los empleados públicos catalanes como consecuencia del «procés».