Política

Llarena reactivará la euroorden contra Puigdemont tras la sentencia

El argumento el juez cree que las autoridades judiciales europeas asumirán tras el fallo del «procés» que los hechos que se imputan al ex president son «realmente graves».

El argumento el juez cree que las autoridades judiciales europeas asumirán tras el fallo del «procés» que los hechos que se imputan al ex president son «realmente graves».

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Cuando falta poco más de mes para que, previsiblemente, el Tribunal Supremo haga pública la sentencia histórica del «procés», la resolución no hará, ni mucho menos, que todo este procedimiento tenga un punto y final. Ni mucho menos. En la causa hay algunos que no han podido ser juzgados porque optaron en una gesto de «valentía» y de asumir sus responsabilidades, por darse a la fuga. En Alemania, Bélgica o Suiza encontraron un refugio seguro al albur de decisiones judiciales más que controvertidas. Pero ello no quiere decir que esa situación vaya a permanecer en el tiempo.

De hecho, según afirmaron fuentes jurídicas solventes, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa, prevé reactivar las euroórdenes contra los fugados, entre los que se encuentra el considerado principal responsable de todos los acontecimientos e incidentes que terminaron con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Existen muchas opciones de que se reactiven esa euroorden después de la sentencia, si es condenatoria –lo que todo indica que será así, ya que lo contrario hubiese llevado a la excarcelación inmediata de quienes se encuentran presos por este procedimiento, entre ellos el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras-». Y ello, porque el relato de hechos que contenga la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dará más fuerza a la petición de entrega» de los fugados, toda vez que, a partir de entonces, esos tribunales belgas, suizos, escoceces o alemanes «no podrán ignorar, porque no habrá lugar a dudas una vez se considere probado que lo sucedido fueron realmente hechos graves», la petición de la Justicia española de que respondan por sus actos.

Por ello, «es más que previsible» que se reactiven esas euroórdenes poco después de la sentencia. «Es algo de cajón y sería más que extraño que no se hiciera», destacan de forma más que significativa las fuentes consultadas.

De esta forma, Llarena volvería a pedir a los países que acogen a esos prófugos –Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Anna Gabriel, Lluis Puig, Marta Rovira y Clara Ponsatí– que los ponga a disposición de la Justicia española.

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Puigdemont se fugó de España a Bélgica en octubre de 2017, antes de que pudiese ser citado a declarar. Posteriormente, se trasladó a Alemania, donde fue detenido e ingresó unas pocas horas en prisión. Finalmente, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein decidió aceptar su extradición pero sólo por el cargo de malversación y descartando el de rebelión, en contra de lo solicitado por la fiscalía y el juez Pablo Llarena. El magistrado español optó finalmente por retirar la euroorden, la cual se reactivará en breve.

Las acusaciones más graves que pesan contra los prófugos son las relativas a Puigdemont, Marta Rovira y Clara Ponsatí, a quienes el juez Llarena les procesó por rebelión. El juez señala en el auto de procesamiento que Puigdemont tuvo una participación más que activa en todo lo sucedido, ya que, para empezar, fue quien firmó, como presidente de la Generalitat, el decreto de convocatoria del referéndum ilegal que se celebraría el 1 de octubre. Ese decreto llevó también la firma de todos los que entonces integraban el Ejecutivo catalán.

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Enfrentamiento

Además, destaca cómo Puigdemont, al igual que Junqueras y Joaquim Forn, pese a tener la capacidad de decidir sobre un referéndum que ellos mismos habían convocado y la capacidad de aportar los mecanismos de seguridad policial que podían coadyuvar a la contención de la violencia, «prefirieron ordenar la continuación del proceso, llamar a la población a la movilización y a la participación, e impulsar el diseño de un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado».