El PP lleva al Congreso la equiparación salarial de Guardia Civil y Policía Nacional

El PP ha registrado una proposición no de ley para que se debata y vote en el Congreso sobre la equiparación salarial, que nace de un acuerdo entre el Gobierno del PP y los sindicatos policiales en marzo de 2018. El Ejecutivo de Pedro Sánchez (desde junio de 2018) heredó ese acuerdo (aunque Fernando Grande-Marlaska se apropia de ese logro) y sortea cuanto puede su cumplimiento: por ello, los populares quieren llevar esta cuestión a la Cámara Baja para que se aborden la cláusula tercera y octava de ese acuerdo de equiparación salarial, que constaba de diez puntos en total.

En concreto, la proposición no de ley (no es vinculante, pero sí permite ver la postura de cada partido en torno a determinadas cuestiones), incluye cuatro puntos. Dos de ellos están directamente relacionados con esas cláusulas tercera y octava. En este sentido, uno de esos puntos insta al Gobierno a «ejecutar la cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación de 2018, para permitir el regreso a la vida de los policías y guardias civiles que se encuentran en situación administrativa de segunda actividad o de reserva, reconociéndoles el derecho a la equiparación». El otro pide al Ejecutivo «a elaborar una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de policías del resto del territorio español».

Sin embargo, todo apunta a que los grupos que dan apoyo al Gobierno se van a oponer a esos dos puntos tras conocerse que el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, ha puesto un recurso a la sentencia de la Audiencia Nacional de junio que obligaba al Ministerio del Interior a renegociar las cláusulas tercera y octava: es decir, ha dado muestras de su rechazo. El Ejecutivo optó por recurrir esta sentencia al entender que «incurre en infracción del ordenamiento jurídico y, además, en incongruencia interna y falta de motivación».

Además, en otro de esos cuatro puntos, se insta al Gobierno a «encargar un nuevo informe de consultoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas». En este sentido, cabe recordar que la cláusula primera de ese acuerdo de equiparación de 2018 señalaba que la Secretaría de Estado de Seguridad se comprometía a «contratar los servicios de una consultoría externa, que fije criterios objetivos de análisis» para garantizar la equiparación salarial «total y absoluta». «Dicha consultoría analizará las cifras de equiparación puesto a puesto, y fijará las correcciones que sean necesarias, que serán incorporadas una vez finalizado el trabajo de la Consultora», se añadía en el punto. Entonces, se consignaron 807 millones de euros para la equiparación salarial, pero ahora se pretende averiguar si han sido suficientes para completar el objetivo.

Finalmente, el cuarto de esos puntos de la proposición no de ley insta al Gobierno a «proceder a los estudios y modificaciones legislativas oportunas para aprobar la posibilidad de jubilación voluntaria anticipada a policías nacionales y guardias civiles». Esta en una de las demandas en la que mayor énfasis están haciendo los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles: de hecho, han convocado una manifestación para que atiendan sus reclamaciones.

Cabe recordar que el acuerdo de equiparación tenía efectos desde el 1 de enero de 2018 y la voluntad era que se cumpliese en 2020. En este sentido, de los 807 millones de euros, 310 se consignaban al ejercicio de 2018; 250, al de 2019, y 207 al de 2020.

La proposición no de ley se registró el 18 de enero en el Congreso y está por ver ahora cuándo se debate: el periodo de sesiones ordinaria arranca en febrero y la semana del 6 al 8 ya hay pleno.