Caso ERE
Los autores del «escrache» a Alaya hirieron a nueve sindicalistas en 2012
Protagonizaron graves altercados contra los recortes
SEVILLA- Entre el colectivo de sindicalistas de CC OO y UGT que el jueves increpó a la instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, en un cuasi «escrache» a las puertas de los juzgados de Sevilla, hay quienes ya cuentan en su historial con episodios similares. Fuentes sindicales aseguran a LA RAZÓN que «algunos» de ellos estuvieron implicados en los altercados que se produjeron en otro octubre «caliente», el del año pasado. La historia se remonta a una manifestación convocada en la capital hispalense contra los recortes motivados por la crisis. UGT y CC OO vetaron una pancarta que portaba la Central Sindical Independiente y de Funcionario (CSIF-A) con el lema «Griñán, Valderas, nos roban la cartera», lo que generó tensiones, gestos agresivos y altercados que terminaron con nueve delegados de la central sindical heridos. Fueron alcanzados por petardos de grandes dimensiones lanzados desde las filas de los dos sindicatos de clase mayoritarios contra la marcha que finalmente celebró de manera independiente la central sindical de funcionarios. Dos de los lesionados presentaron, según explicaron entonces desde CSIF, quemaduras en un brazo y una pierna, además de los mareos y la pérdida de audición que sufrieron todos los afectados por el disparo de petardos. En 2012, como el pasado jueves a Alaya, no faltaron los insultos. Entre los más repetidos: «fascistas». CSIF-A decidió denunciar ante la Justicia lo que consideró «hechos graves» y exigió tanto a UGT como a Comisiones Obreras que condenaran «los actos de violencia vividos en dicha manifestación», según informó la central en un comunicado. De vuelta a la actualidad, las mismas fuentes lamentan que se «repitan actuaciones que dicen muy poco del carácter democrático de los sindicalistas». Han llevado a cabo contra Alaya, a su juicio, prácticas «condenables». En ese sentido, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se refirió ayer a lo ocurrido a las puertas de los juzgados sevillanos para aseverar que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «asegurar que los derechos constitucionales de manifestación y reunión se cumplen en sus justos términos». Por su parte, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, condenó los insultos como «fea» u «hortera» lanzados contra la juez, a quien mostró su apoyo «más absoluto». «Que se presione a un juez con unas manifestaciones ante las puertas del juzgado, increpándola e insultándola, es una de las escenas más tristes que últimamente he visto en nuestra sociedad», lamentó. El TSJA también respaldó a la magistrada.
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