Los ayuntamientos no asumirán el gasto en Educación y Sanidad

Este fin de semana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentará en Almería los ejes de la reforma local que aprobará el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del día 25 de este mes. La posibilidad del acuerdo con el PSOE murió en la reunión del Comité Federal socialista, lo que el Partido Popular atribuye a «cuestiones y problemas internos» de ese partido. La negociación ha estado abierta durante varios meses y la dirección del PSOE confirma que es verdad que durante el proceso, desde altas instancias llegaron a trasladar por varias veces a la dirección popular su disposición a alcanzar un pacto.

La política más de partido manda y al final la reforma saldrá sin el apoyo de la principal fuerza de la oposición. El PP, no obstante, sigue buscando complicidades y está ahora centrando todas sus energías en conseguir el visto bueno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el alcalde de Santander, el popular Íñigo de la Serna. Dentro de ese órgano, también tantea el aval particular de algunos alcaldes socialistas, con los que están hablando.

En esta última etapa, el meollo del debate ha estado centrado en el reparto competencial. Mucho se ha hablado del recorte de sueldos de los concejales o del «tijeretazo» al número que hay en toda España. De hecho, todavía quedan flecos pendientes en esa reformulación del poder local porque hay instancias desde las que se está manteniendo viva la presión para que no se reduzca el número de concejales, una vez que muchos de ellos van a dejar de cobrar un sueldo por exclusividad. Ya había muchos en esa situación, pero a partir de la reforma el número rondará los 40.000, de acuerdo con un criterio homologable en todos los ayuntamientos en función de la población. El Gobierno sigue empeñado en que, en cualquier caso, también se eliminen unos 10.000 concejales.

En el debate del reparto competencial, la polémica tiene su raíz en el hecho de que los ayuntamientos han venido asumiendo muchas competencias que en teoría son de las comunidades autónomas, porque son ellas las que reciben la financiación del Estado. Es lo que se conoce como competencias impropias y afectan a materias tan sensibles como la Educación, la Sanidad y, sobre todo, las políticas sociales. En un principio se habló de la posibilidad de que los municipios siguieran ejerciendo todas estas competencias y que la financiación fuera directa a ellas desde el Estado. Hay ayuntamientos que han llegado a construir hospitales o que asumen competencias en el mantenimiento de los colegios, en el servicio de comedor..., y que incluso han construido bibliotecas.

Con la reforma local, uno de los principales cambios es que las comunidades tendrán que asumir toda la carga en Educación y Sanidad. Y los ayuntamientos ya no podrán ejercer ninguna actuación, ni siquiera bajo la promesa o el compromiso de que luego recibirán la financiación del Gobierno regional del que dependen. En cualquier caso, para las arcas municipales es mucho más importante la carga que se deriva de las políticas sociales y asistenciales que prestan. La competencia también es autonómica, pero el grueso de las actuaciones en esta materia ha acabado dependiendo del grupo municipal. El sentido de que sea así está en garantizar prestaciones equivalentes en toda la comunidad: no todos los ayuntamientos tienen los mismos recursos y, por tanto, la misma capacidad de ofrecer servicios. Y muchos de ellos se han visto envueltos en la «trampa» de que las comunidades han ofrecido prestaciones asistenciales bajo una fórmula que aparentemente les era rentable, pero que han acabado convertidas en otro agujero más en sus presupuestos. El procedimiento era que el Gobierno autonómico se comprometía a cubrir financieramente una importante parte del servicio, pero ese dinero dejaba de enviarlo o al cabo de unos años suprimía oficialmente la prestación. Y el Ayuntamiento, que es el que tiene el problema social y el que da la cara ante el ciudadano, ha seguido sufragando el servicio. En lo que está ahora mismo sobre el papel de la reforma, los servicios sociales podrán seguir en manos de los municipios, pero con un refuerzo legal para que vía convenio con la comunidad quede garantizada la financiación. Habrá que ver si esta vez, con el grueso de los gobiernos autonómicos «intervenidos» por Hacienda para garantizar su liquidez, la «letra» sí se lleva a la práctica. En la política asistencial que asumen los municipios entran comedores sociales, asistencia domiciliaria alimentaria, centros de tercera edad, albergues, atención a discapacitados, asilos...

En urbanismo, el reparto de funciones seguirá más o menos como estaba hasta ahora, pero sí habrá cambios en la política de vivienda, otra de las materias en las que se duplican y hasta triplican las actuaciones de las Administraciones Públicas. La decisión es que la competencia sea autonómica y esto implica, por ejemplo, que tengan que desaparecer los centenares de empresas municipales de promoción municipal. Habrá un periodo transitorio. Es una cuestión muy polémica y en la que todavía hay voces en contra. Estas empresas municipales debían en teoría estar dirigidas hacia el sector con menos capacidad económica de la población, en algunos casos sin recursos para acceder a una VPO.