Los «barones» del PP piden a Hacienda que se corte todo el gasto soberanista

El Ministerio de Hacienda va a tener que hacer malabarismos para satisfacer las necesidades de Cataluña y de otras comunidades autónomas (CC AA) como Valencia, sin que las demás regiones, la mayoría gobernadas también por el PP, escenifiquen su rebelión. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, negocia en una estrategia cruzada con los responsables económicos de las CC AA más críticas con la decisión de dejar más margen a los Gobiernos incumplidores. El Ejecutivo central necesita en clave política calmar su malestar y encontrar mecanismos que satisfagan lo más posible al conjunto. Las conversaciones se están celebrando con carácter bilateral en lo que es la preparación del terreno para el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al que intentan llegar con la discusión interna rebajada lo más posible.

El problema es que las posiciones están tan enfrentadas que es muy difícil encontrar un punto intermedio. Como posible solución exploran con qué posible fórmula podrían compensar a las comunidades que más se esforzaron en el pasado ejercicio para cumplir con la consolidación fiscal, a cambio de esa imposición de objetivos de déficit distintos y a favor de las más retrasadas. Pero los presidentes autonómicos más disciplinados han dejado también ya claro que no pueden transigir con esta cesión porque esto les dejaría a los pies de los caballos ante sus propios ciudadanos, a los que ya han tenido que exigir sacrificios que incluso pueden considerarse «injustos» para evitar «males mayores del mantenimiento de los desequilibrios financieros».

Estos «barones» han trasladado a Hacienda que en este terreno todavía quedan decisiones políticas en las que avanzar y que el Gobierno tiene la obligación de exigir a Cataluña que recorte de una vez por todas sus partidas de gasto soberanista antes de hacer nuevas concesiones por miedo a la quiebra de la Generalitat. Que no es posible sostener ante la opinión pública que las demás regiones tienen que hacer nuevos sacrificios mientras que Cataluña puede seguir manteniendo abiertas sus embajadas exteriores y dedicando gasto público a construir su proyecto de nación. Desde dentro del partido se demanda al Gobierno que actúe con más firmeza con el Ejecutivo de Mas en lugar de hacer la vista gorda con los incumplimientos catalanes y con las evidencias de que no está siendo capaz de adoptar todas las decisiones necesarias para corregir la quiebra de la Generalitat.

Cataluña es un problema, pero también otras comunidades como Valencia, desde donde también se reclama un techo de déficit «asimétrico» a su favor con el argumento de que no todas las CC AA compiten con las mismas condiciones. Dicen desde Valencia que si tuvieran la misma financiación que otras autonomías hubiesen «tenido menos déficit». Pero la misma queja trasladan desde otros territorios como Baleares, Madrid, Extremadura o Galicia. La crítica al sistema de financiación es compartida por la mayoría de las comunidades. Ahí están casos como el del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, o el de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quienes han oficializado con absoluta rotundidad su oposición al déficit a la carta y la exigencia de una reforma del modelo de financiación acordado en su día por el Gobierno socialista con el tripartito de Josep Montilla.