Los cursos de Ojeda pagados por la Junta se impartieron con «material caducado»

Sevilla- La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, mantuvo en un auto reciente que la Junta concedió 70 millones para la formación de los ex trabajadores de Delphi, multinacional del automóvil que cerró su factoría de Puerto Real (Cádiz) en julio de 2007, y habría permitido la «subcontratación» de actividades formativas, cuando ésta no estaba autorizada. Uno de los beneficiarios de esa práctica fue, según la investigación judicial, el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, a través de varias entidades como la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA), la de Apoyo a la Integración (Humanitas), la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), la Asociación para la Calidad Europea (Inteca) o la Asociación para el Apoyo al Medio Ambiente (Natura).

Al margen de las pesquisas policiales, fuentes del colectivo de ex trabajadores de Delphi relatan a LA RAZÓN una retahíla de «irregularidades» que apreciaron en su experiencia como alumnos de esos cursos, hoy en el punto de mira, pese a que quieren dejar claro un extremo: «Recibimos todas las horas que nos dijeron que nos iban a dar», manifiestan.

Inician su testimonio aludiendo a la discutible, a su juicio, cualificación del profesorado: «Sólo con tener un curso de formador de formadores podían darnos clases cuando en algunos casos era evidente que no servían, que no estaban a la altura para dar su asignatura y así lo dijimos, porque cobraban muchísimo dinero». Aseguran que se quejaron y que la respuesta pasó por un «es lo que hay, tenéis que aguantaros» o un «habéis tenido mala suerte».

«Tampoco quisieron clasificar a los asistentes a los cursos por estudios; nos metieron a todos en el mismo saco», lamentan. Y se explican: «Dentro de un aula había gente que no sabía leer ni escribir y otros con FP e incluso con carrera. Nos teníamos que adaptar al ritmo de los que menos avanzaban».

En relación a los materiales que se emplearon para impartir esa actividad formativa, afirman que en algunos cursos utilizaron «determinados materiales para la producción aeronáutica que estaban caducados». Y añaden: «Se comentaba que se compraban a empresas aeronáuticas de la zona a precio de nuevos», extremo este que desconocen, pero lo que sí ratifican es que «venían con el sello de caducados». Es decir, en este punto ven una posible vía de fraude que «tal vez sería conveniente investigar», deslizan. Sin dejar el apartado del instrumental, las mismas fuentes narran que «hubo talleres» en los que contaban con «carros de herramientas bastante buenas», si bien, «en ocasiones nos decían: ''señores, mañana viernes no hay clase, porque se llevan las cajas, que hay que homologar otro curso''». Según este colectivo, trasladaban las herramientas «a otras ciudades de Andalucía». «No sabemos qué hacían con ellas, pero las devolvían a los cuatro o cinco días. Usaban nuestras herramientas para no sé qué propósitos en otros lugares de la comunidad y durante un tiempo no podíamos dar las clases de taller», rememoran.

En la misma línea, dicen ignorar qué ocurrió con los «múltiples ordenadores», o con «las soldadoras» u otras maquinarias que manejaron, aunque anotan que «alguna empresa se lucró con el mantenimiento de esos equipos informáticos», cuyo destino final es para ellos una incógnita.

Pese a los elevados fondos públicos que según las indagaciones policiales se destinaron a la formación vinculada a Delphi, a los ex trabajadores consultados por este periódico se les comentó que «no había dinero para temarios». En ese momento, «algunos se negaron a dar los cursos en esas condiciones». ¿La reacción? «Se nos amenazó con echarnos del protocolo –el firmado con la Consejería de Empleo el 4 de julio de 2007 para, en teoría, recolocarlos aunque ahora la Junta niega haber asumido ese compromiso– y quedarnos en la calle. Al final se repartieron fotocopias tema a tema, con los consiguientes retrasos a veces», sostienen.

Teoría que fue acompañada de una práctica cuanto menos peculiar, a la luz de lo expuesto por los ex alumnos. De hecho, narran que en ciertos cursos, dentro del bloque de «formación genérica», se llevaron a cabo «visitas culturales entre las que estaban incluidas desde museos a bodegas gaditanas», dejan caer.

La finalidad de esa formación era procurar la inserción laboral de los asistentes. En ese sentido, denuncian: «Cuando finalizaron los cursos que se impartieron a más de 500 trabajadores, a unos 300 se les homologó oficialmente para trabajar en empresas como Alestis, y a los otros 200 sólo se nos dio una certificación, pese a haber hecho exactamente lo mismo».

Estos ex operarios de la multinacional no dudan en aseverar que «se buscó una plaza a los amigos de los sindicatos y de la Junta». «A los que no éramos amigos de nadie se nos dejó fuera», sentencian. También entonces protestaron y la contestación desde el Ejecutivo andaluz fue que «no querían inundar el mercado con homologaciones».

Más de siete años y 70 millones después, decenas de esos «formados» ex trabajadores pelean aún por encontrar una salida laboral.

En cuanto a Ojeda, la investigación del juzgado de Alaya no es la única que se cierne sobre él. Cabe recordar que el ex consejero fue recientemente detenido en el marco de la «operación Óscar» y está imputado por fraude en las ayudas para cursos formativos, en un proceso que abrió un juzgado de Cádiz. La Policía estima que el ex consejero de Hacienda entre 1987 y 1990 manejó unos 50 millones en subvenciones públicas.

En el punto de mira judicial

Investigan becas ilegales

En relación a los cursos de Delphi, la Justicia investiga, entre otros extremos, si se pagaron becas situadas por encima de lo que fijaba la ley, lo que generaría una contraprestación ilegal que completaría lo que los trabajadores ya percibirían por desempleo.